La magistrada titular del Juzgado de Menores número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Mercedes Martínez Sánchez, ha ordenado el internamiento terapéutico en régimen cerrado de un menor por presuntamente cometer un delito de agresión sexual sobre su madre en la Isla.

Así lo informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ayer, a la vez que matizó que esta decisión judicial tuvo lugar en la jornada del pasado miércoles y que la investigación de los supuestos hechos es competencia de la Fiscalía Provincial de Las Palmas cuyo representante fue quién solicitó la medida cautelar, así como la activación del protocolo antisuicidio del menor que declaró desconocer los hechos de los que le acusa su progenitora y que supuestamente ocurrieron el martes.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado a este periódico que la denuncia la interpuso la madre del menor, que cuenta con 16 años, el pasado martes por la mañana ante la Policía Nacional por lo que los agentes efectuaron su detención esa misma noche para seguidamente ponerlo a disposición judicial el miércoles.

La magistrada le tomó declaración al menor el pasado miércoles por la mañana antes de decretar la medida cautelar que ha interesado un representante de la sección de Menores de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y éste le matizó que no recordaba nada de lo que aconteció el día de los hechos porque, supuestamente, había consumido alguna sustancia estupefaciente en el momento en el que ocurrió, presuntamente, la agresión sexual que ha denunciado su progenitora en sede policial. La progenitora detalló en su denuncia que su hijo, supuestamente, le había violado por lo que tras su declaración en sede judicial se resolvió por parte del Juzgado de Menores número 2 de Las Palmas de Gran Canaria el internamiento terapéutico y en régimen cerrado una medida que es impuesta para otorgar una atención especializada o un tratamiento específico a los menores que padezcan alteraciones psíquicas, que sufran intoxicación producto de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes y que sufran de alteraciones que afecten su percepción grave de la realidad, ademas de activar el protocolo antisuicidio debido a lo manifestado por el menor en sede judicial y ante la gravedad de los hechos denunciados por la madre.