“Es necesario repensar la normativa en materia de infancia existente en Galicia”

María Montalvo Freire (Ferrol, 1976), licenciada en Derecho con especialidad en Derecho Comunitario, es la nueva presidenta de Unicef Comité Galicia. Entre los retos que se marca en su nuevo cargo destacan avanzar en la elaboración de una ley de infancia y adolescencia autonómica; incidir en el desarrollo de políticas en el marco de la salud mental infantojuvenil; impulsar normativas que protejan los derechos de niños y adolescentes en el entorno digital; afianzar el ejercicio del derecho a la participación infantil; promover alianzas con el sector privado, las administraciones públicas (autonómica y locales), la académica, los centros educativos y el tercer sector; y fortalecer el compromiso internacional de destinar el 0,7% del presupuesto a Cooperación al Desarrollo.

¿Por qué una ley de infancia y adolescencia autonómica?

Galicia no cuenta con una ley que contemple de manera integral todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia. Es necesario repensar, unificar y actualizar la normativa existente en la comunidad alrededor de una hoja de ruta común en la que los niños y adolescentes y sus necesidades, como sujetos de derecho que son, sean los protagonistas. Esta ley de infancia y adolescencia en Galicia, con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) como eje transversal, debe partir del diálogo y la coordinación institucional con el tercer sector, la sociedad civil y la participación real de los niños y adolescentes.

Unos 93.000 menores gallegos viven en riesgo de pobreza o exclusión social. ¿Cómo acabar con estas cifras?

La pobreza y la exclusión social son una vulneración cotidiana de los derechos humanos. Uno de cada cinco niños en Galicia está en situación de riesgo o exclusión, según la tasa Arope. Es fundamental que los Estados sitúen entre sus prioridades combatir la pobreza infantil. Se trata de garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación con distintas fórmulas, entre las que destacamos la propuesta de desarrollar una política universal en la que la prestación sea de 1.200 euros al año por hijo menor de edad a cargo hasta los 18 años, independientemente de los ingresos, siempre comenzando por las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

La salud mental es otro de los grandes problemas que afectan a los menores. ¿Cómo combatirlo?

La salud mental es un derecho básico y esencial que se debe garantizar. Los problemas de salud mental y el malestar emocional interfieren en su salud y educación, así como en su capacidad para alcanzar su pleno potencial. Para poder dar respuesta a los problemas de salud mental en la infancia y adolescencia, desde Unicef recomendamos escucharlos y abrir la conversación pública para acabar con los estigmas; apoyar a las familias y personas cuidadoras para que puedan comprender mejor sus necesidades; garantizar que las escuelas apoyen la salud mental y sean entornos protectores del bienestar emocional; y asegurar que todos los sectores, incluyendo los servicios de salud, cuenten con inversión suficiente para el acompañamiento, la prevención y la atención en salud mental.

¿Internet es más una amenaza que una oportunidad?

Las nuevas tecnologías ofrecen a los jóvenes ventajas para su desarrollo y aprendizaje, además de crear relaciones sociales. Pero las TRIC [Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación] también llevan asociadas riesgos que no debemos obviar y que quedan retratados en el estudio Impacto de la tecnología en la adolescencia en Galicia, elaborado por la Universidad de Santiago y el Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática, que muestra que 1 de cada 4 adolescentes en Galicia usa de forma intensiva y sin supervisión internet y las redes sociales y que 1 de cada 5 podría tener un cierto enganche a los videojuegos, aspectos que impactan directamente en su bienestar emocional y en su salud mental. Unicef Galicia demanda políticas más contundentes que protejan los derechos de la infancia en el entorno digital. Entre ellas, que las familias cuenten con herramientas y apoyo para poder ejercer su labor educativa y de acompañamiento, reforzar el papel del sistema educativo, políticas más contundentes por parte de las instituciones y la implicación de la industria tecnológica para garantizar la protección de los adolescentes.

¿Se les da participación a los menores o seguimos recurriendo a esa idea de “todo por los niños, pero sin los niños?

La Convención sobre los Derechos del Niño insta a los Estados a garantizar que los niños puedan expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos que les afectan y que sus opiniones se tengan en cuenta. Desde Unicef promovemos el derecho a la participación infantil en el marco de la iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia (CAI), desde donde se promueve la creación y funcionamiento de órganos de participación infantil y adolescente en el ámbito municipal [en Galicia hay siete: Moeche, Redondela, Teo, Tomiño, Ponteareas, Castrelo de Miño y Moaña, en los que viven 16.557 menores]. Por otro lado, conmemoramos la creación del Consello Galego de Participación Infantil y Adolescente (2023), primer órgano colegiado que dará voz a la infancia y adolescencia de Galicia, como un gran paso para confirmar que los niños son sujetos de derechos y sujetos activos de la transformación social en una sociedad democrática.

¿Qué ha supuesto la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi) y cuáles son las principales asignaturas pendiente?

La violencia contra la infancia se produce en los entornos más cotidianos de la vida de un niño: familia, escuela, entornos deportivos, internet... La Lopivi es una ley integral que incluye todos los tipos de violencia: el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos o denigrantes, el trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, las agresiones y los abusos sexuales, el acoso sexual, el ciberacoso, la violencia de género, el matrimonio infantil, la pornografía no consentida y la extorsión sexual, entre otros. Celebramos que se estén cumpliendo algunas de sus disposiciones, como los trabajos en algunas comunidades autonómicas para implantar en el curso 2022-23 la figura del coordinador de bienestar y protección, que será obligatoria en todos los centros escolares. Pero recordamos la necesidad de lograr la máxima coordinación entre administraciones, instituciones, entidades y partes implicadas en la implementación de la ley, que exige nuevos protocolos, formación de profesionales y, para el ámbito educativo, de deporte y ocio, nuevas figuras que coordinen todas las actuaciones en materia de prevención y protección de la infancia frente a la violencia.

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