El presunto autor del crimen de Ribeira fue denunciado por una pareja anterior

El asesinato de Andrea Yturry Alave, de 25 años, acuchillada el martes en Palmeira (Ribeira) supuestamente por su expareja, Jhul Príncipe Casahuaman, provocó una oleada de repulsa en toda Galicia. En Barbanza, el Concello de Ribeira decretó dos días de luto oficial y se celebró una manifestación; en Boiro, empleadas de la conservera Jealsa, en la que trabajaba la víctima, se concentraron a las puertas de la factoría; y en A Pobra hubo concentración ante el consistorio.

En todos los actos se guardó un minuto de silencio, también, en los celebrados ante la Delegación del Gobierno, en A Coruña, y ante la sede de la Xunta, en Santiago.

La conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade en funciones, Elena Rivo, puso a disposición de la familia de la mujer asesinada “apoyo económico y psicológico”.

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez, dijo que el Concello costeará el funeral y el entierro de Andrea, pues su familia tiene escasos recursos.

En cuanto al presunto asesino, que intentó suicidarse con el mismo cuchillo con el que supuestamente mató a su expareja, permanece ingresado fuera de peligro en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Santiago, al que fue derivado desde el de Barbanza. “En cuanto sea posible, pasará primero a disposición policial y después a disposición judicial y ya podremos hablar de las declaraciones que puedan tener relevancia procesal”, dijo el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, quien precisó que, según los últimos datos, “no se teme” por la vida del presunto agresor y que, “en cuestión de días, podrá recibir el alta hospitalaria”, tras la que será conducido ante la autoridad judicial.

No existía ninguna denuncia previa por parte de la víctima, ni estaba dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén). No obstante, en 2019, otra expareja de Jhul Príncipe sí le había denunciado por violencia doméstica, hechos por los que fue condenado a realizar trabajos comunitarios durante un mes en el Grupo Municipal de Emergencias de Ribeira.

Respecto a la situación del hijo de dos años que la víctima tenía en común con el presunto autor del crimen, Blanco señaló que está a cargo de familiares y que “existen mecanismos de legislación civil para que el niño no quede desamparado”.

Preguntado por la situación de los menores cuyos progenitores son denunciados por violencia machista, el delegado del Gobierno recordó que hace unos años se modificó la legislación para que a las personas condenadas por estos delitos se les retire la custodia de forma automática en el momento de la sentencia.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, confirmó que el asesinato de Andrea es un caso de violencia de género (el primero en Galicia en lo que va de año). La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, expresaron en el comunicado su absoluta condena y rechazo ante este asesinato machista y trasladaron todo su apoyo a familiares y amistades de la víctima.