Las iguanas adultas, de cualquier tamaño y peso; camaleones o geckos; todas las serpientes de especie pitón; tarántulas, pero también peces, anfibios y reptiles con mordedura o veneno peligroso o los que superen los dos kilos (excluyendo tortugas) entrarán este Viernes Santo en un pequeño callejón sin salida. Mejor dicho, en un calvario para sus dueños, para quienes expira el plazo de seis meses —disposición transitoria segunda— que otorgó la Ley de Bienestar Animal tras su entrada en vigor el 29 de septiembre para comunicar su tenencia. O, dicho de otro modo, son especies prohibidas que pasarán directamente a ser ilegales. Es decir, en dos días finaliza el plazo para que los propietarios de estas mascotas ilegales se autodenuncien y las autoridades procedan a quitárselas, pero ¿cómo está la situación?
En Galicia hay casi un centenar de animales exóticos asegurados, así que la cifra podría ser mucho mayor. Concretamente, serían noventa y tres —a fecha 27 de enero y con datos de Faunaseguros relativos a 2023—, sumando hasta 38 ofidios, 25 saurios, 16 aves, 12 mamíferos y 2 quelónidos. A falta de datos oficiales, los de la Federación de asociaciones unidas por la naturaleza y los animales, Fauna, dibujan una situación aproximada, traducida en el número de seguros: 28 de ellos se ubican en la provincia de Pontevedra y fueron dados de alta antes de 2020, aunque seguían de alta en 2023. Y el resto de mascotas exóticas pertenecen a hogares de A Coruña, donde se registraron 28 nuevas altas aún en 2022.
Algunas asociaciones —entre ellas, la citada— ya han denunciado la falta de infraestructuras adecuada o de centros designados para acoger a estos animales, lo “que plantea un grave problema logístico y ético”. Es decir, las comunidades autónomas deberían haber habilitado un lugar en el que hacerse cargo de los reptiles entregados, pero en la práctica, no ha ocurrido. La Xunta confirma que en Galicia ningún ciudadano se ha denunciado a sí mismo.
La Consellería de Medio Ambiente, explica: “No hemos recibido ninguna comunicación en firme para formalizar la entrega de animales sino únicamente consultas de algunos propietarios con dudas en relación con la aplicación de esa disposición transitoria segunda”.
El vicepresidente de la Federación Fauna (y vocal de Terrarofilia), José María López, aclara esta cuestión: “Comuniquen o no, pasan a ser ilegales y si lo comunican pueden ser intervenidas; es decir, están entre la espada y la pared”. Relativiza, también, con la peligrosidad potencial de esas especies, ya que registraron “cero siniestros” en los últimos cuatro años.
¿Qué va a pasar a partir de este 29 de marzo, Viernes Santo, con esos animales? “Se abre un periodo de incertidumbre porque las autoridades competentes, que en este caso las autonomías, no tienen ni idea de cómo deben actuar”, explican desde Fauna por la “confusión y preocupación” que ha provocado esta disposición transitoria segunda, ya que los gobiernos autonómicos carecen de claridad sobre cómo aplicarla, mientras que los dueños se resisten a entregar voluntariamente a sus mascotas.
En Galicia, esperan resultados tras una reunión celebrada con el director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, a la que aluden desde el departamento autonómico de Medio Ambiente: “Está generando mucha inquietud entre los propietarios por la falta de claridad del texto. Así se lo hemos trasladado recientemente al director general en un encuentro con representantes de las comunidades autónomas para tratar, entre otros aspectos de esta norma, la aplicación de esa disposición transitoria segunda”. Aseguran que se comprometieron “en avanzar en el desarrollo reglamentario” y que desde la Xunta se espera “que el Gobierno central actúe con celeridad”.
La decisión aparecía reiterada en una consulta elevada al Defensor del Pueblo, en la que este avaló “la obligación de entrega a centros de protección de animales silvestres, zoológicos o entidades de protección animal, de los ejemplares pertenecientes a las especies que cumplan alguno de los criterios establecidos”, con retroactividad. No obstante, fuera de Galicia sí se refirieron casos polémicos. “En Valencia la Guardia Civil se hizo cargo de una serpiente que apareció en un pueblo del interior, porque ni el centro de recuperación, refugio privado, ni el centro de Avifauna del ayuntamiento se hicieron cargo”.
¿Tortugas?
“Las tortugas igual, solo iban a ser legales las del género Pseudemys, prácticamente. De tierra ni una, aunque son animales que van fenomenal en cautividad”, expresa José María López. Y citando a la ponencia de la Guardia Civil ante autoridades ministeriales a finales de año, todas las Cites (por sus siglas en inglés, Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres), estarán prohibidas. También los loros se restringirán a “tres especies legales”: periquito australiano, agaporni cara de melocotón y ninfa. El resto estará prohibido. En Fauna aseguran que todavía es posible regularizar loros o tortugas Cites, “si dispones de su documentación original o pruebas de su tenencia como fotos antiguas y contactas al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico”.
España, entre los países europeos con mayor tasa de abandono de perros de raza
España es uno de los países europeos con mayores tasas de abandono y menor porcentaje de perros de raza, según la Real Sociedad Canina de España (RSCE). Así lo refleja el informe La cría en domicilio y los perros de raza como herramientas para una política de Bienestar Animal, que la RSCE presentó a la Dirección General de Derechos de los Animales en pleno desarrollo reglamentario de la norma. La RSCE indicó que los países que registran mayores ratios de Bienestar Animal y menor tasa de abandono de los 26 europeos que recoge el estudio son las naciones que tienen un mayor porcentaje de perros de raza: Finlandia (un 61,35% de proporción de perros de raza sobre el total), Suecia (un 59,03%), Noruega (un 58.63%), Irlanda (un 43.45%) y Dinamarca (un 34,97%). En España, no obstante, solo el 9,5% de los perros son de raza, frente a la media del 16,87% en los países europeos y del 20% en la Unión Europea (UE).
