La prohibición de circular a más de 110 kilómetros por hora en autopistas y autovías, aprobada por el Gobierno central y en vigor desde el pasado 7 de marzo, cuenta con el respaldo de la Fiscalía. El fiscal de Seguridad Vial de Galicia, Carlos Gil, valoró ayer la reducción de esta velocidad máxima de 120 a 110 como "muy efectiva" en la prevención y reducción de accidentes de tráfico y, por tanto, de víctimas en las carreteras.
El Ejecutivo impulsó esta controvertida medida, que continuará vigente como mínimo hasta el próximo 30 de junio, con el objetivo de ahorrar combustible. "Decir que no se ahorra, no lo se, pero que va a ser positivo para la seguridad vial, sí", afirmó el fiscal.
Carlos Gil, en declaraciones a la Cadena Ser, destacó que rebajar tan solo un uno por ciento la velocidad en las vía rápidas ha permitido disminuir los siniestros mortales. Tras el negro febrero en las carreteras gallegas, mes en el que el balance de fallecidos duplicó el del mismo periodo del año pasado, la siniestralidad viaria ha bajado este mes un 30%, al pasar de los diez muertos registrados entre el 1 y el 21 de marzo de 2010 a siete en lo que va de mes.
La puesta en marcha de esta medida ha hecho que los gallegos hayan levantado el pie del acelerador: con esta nuevo límite, las multas de radar han caído un 25% en toda la comunidad. De los 380 conductores cazados cada día por el medio centenar de radares instalados en la red viaria gallega antes del cambio, ahora son unos 285 los denunciados.
La Fiscalía también se ha mostrado de acuerdo con la limitación a 30 kilómetros por hora en ciudad. A juicio de Carlos Gil, hay zonas "en las que tiene que tener una absoluta prioridad el peatón". Esta reducción para el tráfico rodado afectará al 70% de las vías de las ciudades gallegas, según estimaron concejales de Tráfico de distintos municipios. El Concello de Pontevedra ya aplica esta limitación que, junto con otras medidas de seguridad vial, le ha permitido cerrar las estadísticas de los últimos ocho años sin ningún muerto por accidente de tráfico en el casco urbano.
Y de forma general, este fiscal especializado recordó que los límites de velocidad "se están implantando en toda Europa" y afirmó que "existen motivos para el optimismo" en la gestión de la seguridad vial en Galicia en los últimos años: "Las cosas se podían haber hecho mejor, pero hay que ser muy tonto para decir que se han hecho mal".
Conductor alternativo
La mayoría de los conductores que acaban ante un juez lo hacen por haber conducido ebrios. Gil es consciente de ello y alerta de que aún falta "concienciación social" para erradicar el alcohol al volante.
En su opinión, medidas como el Noitebús demostraron su efectividad para reducir la siniestralidad entre los jóvenes, aunque no tiene claro si es la Administración la que debe asumir estos costes -la Xunta suprimió este año las ayudas para este servicio-. Por eso apuesta por otros sistemas, como el del conductor alternativo, que "no lo paga la sociedad".
Como en otras ocasiones, Carlos Gil reclamó una mayor incidencia en la educación vial. "La sanción es para castigar, para reprimir, en algún momento también para educar, pero en seguridad vial los problemas se arreglan con más educación", insistió. Dice que los contenidos de seguridad vial en los libros de Educación para la Ciudadanía "son muy reducidos".
Para concluir, el fiscal gallego de Seguridad Vial destacó que si hace ocho años 5.000 personas perdían la vida al volante en España, ahora la cifra bajó a los 1.750. ¿La causa del descenso? A su juicio, la reforma del Código Penal y el carné por puntos.
