El mayor juicio celebrado en Galicia contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico arrancó en Pontevedra ayer con 23 de los 34 acusados reconociendo los hechos que les imputaba la Fiscalía, por lo que lograron así una rebaja en la pena propuesta inicialmente. La confesión por parte de estos 23 procesados, detenidos en la denominada operación Cormorán, permitió al Ministerio público reducir la calificación y acusarlos de un delito de blanqueo por imprudencia, aceptando los 23 acusados penas de seis meses de prisión. Además, deberán hacer frente a multas de entre 45.000 y un millón de euros, así como el comiso de los bienes intervenidos.
En todo momento, el fiscal encargado del caso, Augusto Santaló, remarcó que el decomiso de los bienes intervenidos y su paso al Plan Nacional Contra las Drogas era algo "innegociable". Entre locales comerciales, pisos y fincas repartidos por las comarcas de Arousa, Caldas y Pontevedra, así como coches de alta gama, obras de arte, fondos de inversión e incluso dinero en efectivo, el grupo contaba con un patrimonio que rondaba los 15 millones de euros.
Otros nueve imputados, sin embargo, proclamaron su inocencia ante los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Pontevedra. El fiscal mantiene en su caso una petición de condena de entre 4 y 6 años de prisión y multas de entre 100.000 y 46,5 millones de euros. Entre estos nueve acusados se encuentran las mujeres de los dos principales imputados por este caso, el ribeirense José Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, y el letrado pontevedrés Manuel Franco Argibay. Ambos están en paradero desconocido y con una orden de busca y captura en vigor. Del primero, su propia familia denunció su desaparición y no se descarta que ésta pudiera haber sido forzada.
El fiscal considera que Pouso Rivas, condenado a cuatro años y medio y ocho años de prisión por la Audiencia Nacional por tráfico de drogas, concertó con el resto de acusados ocultar las ganancias procedentes de este negocio ilícito adquiriendo numerosos bienes o realizando inversiones a nombre de su amplia red de testaferros.
Según explicó Augusto Santaló, uno de los principales testaferros era la mujer de Pelopincho, Teresinha de Jesús Carvalho, propietaria de numerosos inmuebles por valor de medio millón de euros. Asegura el fiscal que Teresinha de Jesús, junto con Lidia Niele Maia Costa (quien junto con otra de las acusadas, Kelly Priscila Maia, mantuvo una relación con Pouso Rivas, con quien tuvieron un hijo cada una) "aglutinaban el 90%" de los bienes intervenidos. Ambas se declararon ayer inocentes y se enfrentan a una petición de cinco años y medio de prisión y multas millonarias. El papel del letrado Franco Argibay, otro de los grandes ausentes ayer en la sala, sería el de diseñar el entramado para ocultar la propiedad de estos bienes por parte de Pouso Rivas. Su esposa, Natividad Laborde, se echó atrás pese a que inicialmente tenía un acuerdo con el fiscal y se declaró inocente.
Entre las personas que negaron su culpabilidad también está Benito Suárez Bouzón, a quien el fiscal considera hombre de "entera confianza" de Pelopincho y que se enfrenta a la máxima pena -en ausencia de los otros dos cabecillas- de seis años de prisión. La hija de Pouso Rivas fue otra de las imputadas que se declaró inocente, no así el padre del ribeirense y otro de sus hijos, que aceptaron el acuerdo propuesto por el fiscal.
La estrategia de las defensas de varios de los acusados que no reconocieron los hechos se centró en solicitar la nulidad de las actuaciones al considerar que se iniciaron -entre ellas las escuchas telefónicas- basándose en "rumores y habladurías", según el propio atestado policial. No lo ve así el fiscal antidroga, Luis Uriarte, y el propio Santaló, quienes explicaron que no solo las escuchas estaban plenamente justificadas, sino que la mayor parte de la prueba se sustenta no tanto en las escuchas telefónicas sino en la abundante documentación obtenida de registros públicos que reflejan que los acusados estaban en poder de un gran patrimonio que no se puede justificar ante su falta de ingresos.
La falta de espacio en el Pazo de Justicia obligó a que esta primera sesión de la vista se celebrase en la Diputación. El próximo martes se retomará el juicio con el interrogatorio de los acusados que se declaran inocentes.
