Dos carnicerías tienen inmovilizadas desde esta semana sendas partidas de carne de cordero procedentes de la granja clausurada por la Xunta en Camos, parroquia del municipio pontevedrés de Nigrán, por alimentar a los animales con piensos de origen animal, prohibidos desde la epidemia de las vacas locas. El servicio oficial de Sanidade Animal, de la Consellería de Medio Rural, las ha intervenido como medida preventiva para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores a la espera de los resultados de los análisis de las harinas utilizadas en el criadero de ovejas.

Uno de los establecimientos pertenece al entorno familiar de F.R.G, propietario de la explotación ganadera Rial González F. , imputado por un delito contra la salud pública ante el supuesto suministro de restos de harina y frituras de pescado a las reses -compuestos ilegales en la alimentación de rumiantes- y por otro de falsedad documental, al detectarse una presunta alteración de los crotales de identificación sanitaria de algunos animales. La otra tienda, a la que la explotación clausurada había vendido una partida de carne ovina, se ubica en O Rosal.

La mercancía se encuentra precintada a disposición de la Administración para sus evaluaciones, de manera que las carnicerías no pueden venderla. Las autoridades sanitarias rompen así la cadena de consumo con el fin de que la carne no llegue a los hogares hasta que se confirme su calidad.

Analíticas

Sanidade Animal había asegurado precisamente el viernes que no existe riesgo para los consumidores. No obstante, el mismo organismo carecía de los resultados de las analíticas a animales y piensos para descartar si los primeros están enfermos o si los segundos contienen restos peligrosos para el consumo humano. Y es que las autoridades sanitarias prohiben el uso de harinas de pescado en la alimentación de rumiantes, aunque estos compuestos no representan peligro para las personas. Solo habría riesgo de contraer dolencias transmitidas por el consumo de carne si los piensos utilizados en las explotaciones ganaderas incluyesen trazas de mamíferos.

La investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil continúa. Queda por esclarecer si el propietario de la granja maltrató a los animales. Los agentes hallaron tres ovejas y una gallina muertas y en avanzado estado de descomposición en las proximidades del recinto, donde también se encontraron con unas condiciones higiénico-sanitarias "muy malas", así como escasez de alimento en los comederos.

Asimismo, el instituto armado trata de averiguar si la empresa de cría y comercialización de carne al por mayor vendía el producto fuera de los cauces legales, es decir, sin pasar por los mataderos homologados y sin los controles sanitarios correspondientes.