La investigación por fraude fiscal en el seno de la constructora Gómez Bodaño se enreda. Ayer se tomaron nuevas declaraciones en un juzgado de Pontevedra a imputados y testigos para intentar aclarar si esta empresa defraudó a Hacienda 142.000 euros en 2012. También se trata de esclarecer quién era el verdadero propietario de la firma en el momento de los hechos. Una de las sorpresas es que se señala como último propietario de la firma (posiblemente un testaferro) al principal sospechoso de haber descuartizado a un hombre en Ponteareas: Antonio Frutos Ayala, que no acudió al juzgado y se encuentra en búsqueda y captura a nivel internacional.
¿Quién tenía el dominio sobre la constructora Gómez Bodaño en el año 2012? Esta es una de las preguntas a las que intenta dar respuesta el Juzgado de Instrucción 1 de Pontevedra y la Fiscalía en el marco de una investigación por presunto fraude fiscal que cada vez está tomando tintes más rocambolescos, al aparecer como implicado en el caso el principal sospechoso del crimen del congelado.
Ayer se tomó declaración en el juzgado pontevedrés a nuevos testigos e imputados en este caso de fraude fiscal, en el que se investiga a una de las principales constructoras de Pontevedra, Gómez Bodaño, por haber dejado de ingresar a Hacienda 142.000 euros en el ejercicio de 2012. A finales de 2011, la sociedad comenzó a sufrir constantes cambios al frente del accionariado con ventas en varias ocasiones de la totalidad de las acciones. Del matrimonio que inicialmente constituyó la empresa esta pasó a manos de otras dos personas en muy poco tiempo y ahora la Fiscalía trata de averiguar quién realmente tenía el control de la firma cuando se produjo el fraude a Hacienda
La jornada de declaraciones que tuvo lugar ayer incluyó el interrogatorio en calidad de imputado al asesor fiscal de la empresa, así como a uno de los últimos compradores de la constructora por el precio de un euro, antes de que supuestamente hubiera pasado a manos de Frutos Ayala. Al parecer, esta última persona se acogió a su derecho a no declarar, aunque se habrían aportado documentos que recogen que Frutos era el último dueño conocido de la constructora, entre ellos, una sentencia del juzgado de lo Social.
Después de que hayan pasado por el juzgado los imputados, la Fiscalía estudiará los interrogatorios y la documentación para aclarar quién tenía el dominio en la constructora en el momento del fraude, sin descartar que las alegaciones exculpatorias del matrimonio que fundó la empresa sean ciertas.
