La Audiencia de Pontevedra ya tiene fecha para el juicio del histórico contrabandista y narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, acusado de blanquear unos 10 millones de euros procedentes del narcotráfico en bienes inmuebles a través de la inmobiliaria San Saturnino entre los años 1998 y 2007. La vista oral se celebrará los días 27 de febrero y 1 de marzo. Miñanco compartirá banquillo con cuatro allegados, entre los que se encuentra su primera mujer, una de sus hijas y un empresario que habría actuado como testaferro.
La Fiscalía de Pontevedra lleva varios años de investigación en busca de la fortuna oculta del narco. En el escrito de acusación, fechado en noviembre del año pasado, solicita para Sito y los demás acusados seis años de prisión para cada uno. El Ministerio Público le acusa de blanquear dinero procedente del tráfico de estupefacientes a través de la compra de múltiples inmuebles y fincas, utilizando la inmobiliaria San Saturnino, con sede en Cambados y que a lo largo de estos últimos años estuvo vinculada a algunos de los investigados.
El fiscal pide el comiso de más de medio centenar de bienes inmuebles que, según el escrito de acusación, el narco cambadés habría comprado a través de sociedades interpuestas con dinero del narcotráfico.
Hay desde pisos y casas en localidades como Cambados o Pontevedra, a fincas ubicadas cerca de algunas de las mejores playas de Sanxenxo y O Salnés. En la lista también figuran bajos comerciales, naves industriales o garajes. Por ejemplo, el fiscal asegura que solo en el ejercicio de 1998 estas sociedades controladas por Prado Bugallo habrían adquirido cuatro pisos, dos naves industriales o 13 fincas.
Se considera que la cantidad que pudo blanquear es muy elevada y prueba de ello es que el Ministerio Público exige para el acusado una multa que asciende a diez millones de euros. También pide que se clausure la citada inmobiliaria que, según la Fiscalía, era utilizada para lavar el dinero que obtenía procedente del narcotráfico. Para justificar este origen ilícito del dinero con el que se adquirieron estos bienes, el Ministerio Público echa mano de las sentencias dictadas por la Audiencia Nacional.
