Los grandes narcos, una vez condenados, contribuyen con los bienes confiscados a la lucha contra el tráfico marítimo de drogas y a la destrucción de los alijos intervenidos. El Fondo distribuyó el último año 31,6 millones de euros entre sus beneficiarios, reservándose 1,5 millones para los gastos de administración y gestión. A la lucha contra el consumo de drogas en las comunidades autónomas se destinaron 8,6 millones; a las ONG un total de 3,2 millones y a las corporaciones locales 6,6.
A las fuerzas antidroga, incluidos Ministerio de Defensa, Fiscalía e Instituciones Penitenciarias se destinaron 8,9 millones de euros. El convenio con Defensa para los abordajes marítimos le correspondieron 840.000 euros. Al Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y Crimen Organizado, Citco, le correspondieron 915.000 euros; otros 5 millones -a repartir en partes iguales- a Policía Nacional y Guardia Civil para la adquisición de equipos y 640.000 euros para Instituciones Penitenciarias con el fin de financiar la adquisición de material destinado a detectar y evitar la introducción de sustancias estupefacientes en centros penitenciarios. El Servicio de Vigilancia Aduanera recibió 1.060 millones de euros como apoyo en la fabricación de dos embarcaciones auxiliares para la persecución de embarcaciones peligrosas en Andalucía.
