La Audiencia Nacional ha dictado sentencia sobre la operación Cromañón, uno de los grandes golpes asestados desde Pontevedra a las mafias del Este de Europa que tratan de hacerse con la distribución no solo de heroína en España, sino también de cocaína que introducían con ayuda de un peruano por el Puerto de Barcelona.
El grupo, integrado por cinco albaneses que introducían los estupefacientes y dos búlgaros que la comercializaban, estaba afincado en Cataluña donde contaban con un sofisticado laboratorio para procesar los estupefacientes que suministraban en distintas provincias españolas como Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Sevilla y Pontevedra.
Precisamente fue el Equipo Contra el Crimen Organizado, ECO, de la Guardia Civil de Pontevedra, quien detectó su presencia y un juzgado pontevedrés y la Fiscalía Antidroga dirigieron la operación que culminó en agosto de 2016 con nueve detenidos y la aprehensión de 38 kilos de heroína de gran pureza, 8 kilos de cocaína, 50 de sustancia de corte, una prensa hidráulica, un arma corta con munición y silenciador y diez vehículos de lujo preparados para el transporte.
Todos los procesados admitieron los hechos y confesaron ante el tribunal de la Audiencia Nacional para beneficiarse de importantes rebajas en sus condenas. El cabecilla de la red, Artur Qato, y sus principales colaboradores y lugartenientes aceptaron condenas de seis años y medio de prisión cada uno por integración en grupo criminal y un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño, agravada por tratarse de cantidad de notoria importancia; así como una multa individual de 10 millones de euros que no abonarán al ser insolventes.
El peruano que había gestionado un envío de 150 kilos de cocaína por el Puerto de Barcelona aceptó casi 5 años de cárcel con la atenuante de drogodependencia, si bien pidió sustituir el resto de la pena que le queda por cumplir por la expulsión a su país.
El grupo encargado de introducir la cocaína, entre los que se encuentra un colombiano que recibe la pena más baja (3,5 años), recurrió al búlgaro Artur Qato para que se encargara de sacar la cocaína del puerto ocultándola en el doble fondo de un vehículo. A cambio recibiría 30 kilos de droga. El único español juzgado con ellos aceptó 5 años.
El grupo, perfectamente jerarquizado y con formación militar, disponía de una decena de coches lanzaderas con los que no dudaban en realizar desplazamientos de hasta 1.800 kilómetros en un día. El suministro de heroína a una red liderada por el también albanés Afrim Haxhijahja, afincado en Pontevedra, que distribuía la droga por toda Galicia y Portugal, supuso el fin de la trama. Afrim y otras cinco personas fueron juzgadas hace unos meses en Pontevedra por la causa inicial. El cabecilla aceptó 7 años y medio de prisión, a la vez que implicó a un vecino de Poio -el único de los procesados que negó los hechos- y para quien el fiscal solicitó 17 años. Este grupo traficaba también con armas.
