CULLEREDO

La Guardia Civil desaloja el club canino y detiene a su propietario

Alrededor de 20 guardias civiles y policías ejecutaron ayer la orden judicial de desahucio.

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José Luis Barbeito Bermúdez encadenado a un banco con su perro ante la Guardia Civil.
José Luis Barbeito Bermúdez encadenado a un banco con su perro ante la Guardia Civil. LA OPINIÓN

ANA BLASCO. CULLEREDO. La Guardia Civil cerró ayer, por orden judicial, las instalaciones del club canino Monte das Rozas, de Culleredo, y detuvieron a su propietario, José Luis Barbeito Bermúdez, por un delito de resistencia a la autoridad. En las perreras se quedaron encerrados 44 perros.
Varias patrullas de los agentes de la Benemérita y de la Policía local de Culleredo acudieron ayer, alrededor de las 10.00 horas, al hotel canino para ejecutar la orden de desahucio que dictó el juzgado de Primera Instancia número 5 el 13 de diciembre de 2007. Se reunieron allí alrededor de dos decenas de agentes de seguridad, según sus explicaciones, ante la posibilidad de que soltaran los perros. Por ello, también iban armados con escopetas de dardos tranquilizantes.
Al entrar en la finca se encontraron que Barbeito Bermúdez se había encadenado con uno de sus perros a un banco. Después de dos horas, la Guardia Civil se lo llevó detenido al cuartel. Su abogado explica que un alto mando le dijo que le daba tres oportunidades a su cliente para que saliera de la finca antes de arrestarlo. Asegura que le pidió que le dejara convencer a José Luis Barbeito de que desistiera de su oposición, a lo que el Guardia Civil accedió. Sin embargo, cuando el propietario se desencadenó fue detenido. Después de pasar un par de horas en el cuartel y comprometerse a no acercarse al hotel canino, Barbeito Bermúdez fue puesto en libertad. La próxima semana se celebrará un juicio rápido por la vía penal para resolver el supuesto caso de resistencia a la autoridad.
En las instalaciones se quedaron 44 perros, la mayoría de ellos propiedad del club canino. Alrededor de una decena, sin embargo, son propiedad de particulares que no saben cómo y cuándo podrán acceder a la finca para recogerlos. El cuidado de estos animales es ahora responsabilidad de la ex mujer de Barbeito Bermúdez, que ganó el juicio que acabó en el desahucio. Esta persona había sido denunciada previamente por su ex marido por maltrato de animales.
La concejala de Seguridad, Alicia Ferreiro, estuvo presente en el desalojo de las instalaciones y manifestó la preocupación del Gobierno local por el bienestar de los animales. El Ayuntamiento firmó, en su día, un convenio con este club canino para que desarrollara labores de lacería.
Barbeito Bermúdez indica que entre los perros encerrados hay varios cachorros, que tienen que comer tres veces al día, y dos animales que necesitan medicación. Uno de ellos es un can que recogieron en el cementerio de Bergondo tras la llamada del Ayuntamiento de esta localidad. Los recogieron con numerosos cortes y heridas de las que se estaba recuperando.
Al propietario de la perrera le preocupan también otros dos perros más agresivos, entrenados para el cuidado de la finca: "Sólo nos dejan acercarnos para darles de comer a mí y a mi sobrino; temo que acaben sacrificándolos". José Luis Barbeito lamenta que con el cierre del establecimiento pierde también su medio de vida y mucho dinero en material y artículos de venta. Defiende, mostrando títulos de propiedad, que el terreno es suyo, pero que no tuvo un juicio justo. Por ello, hace un par de semanas denunció ante el Consejo General del Poder Judicial a la letrada que ratificó la sentencia de desahucio.
Por otra parte, David Barbeito, sobrino del detenido y presidente de la Asociación Monte da Roza -protectora de animales registrada en la Xunta con sede en la finca desahuciada- explica que a él, como asociación, no le informaron de la orden judicial que obliga al cierre de las instalaciones. El punto 2 del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice: "Si el inmueble a cuya entrega obliga el título ejecutivo estuviera ocupado por terceras personas distintas del ejecutado y de quienes con él compartan la utilización de aquel, el tribunal, tan pronto como conozca su existencia, les notificará el despacho de la ejecución o la pendencia de ésta, para que, en el plazo de diez días, presenten al tribunal los títulos que justifiquen su situación".
David Barbeito afirma también que la Guardia Civil incluyó en el desahucio terrenos que no pertenecían a la parcela objeto de la sentencia judicial. "Les enseñé los planos del Ayuntamiento mostrándoles la división de las fincas, pero me dijeron que ellos no habían traído planos, que sólo iban a cumplir con lo ordenado", relata. La Asociación pedirá información a los juzgados y a la Xunta sobre qué pueden hacer para darle una solución a la situación de los animales.

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