La Fiscalía reclama ocho años y tres meses de prisión para un hombre acusado de maltratar a su esposa y de obligarla a ejercer la prostitución aún cuando se quedó embarazada. La representante del Ministerio público acusa a J.M.S.P., de 27 años, de obligar a su pareja sentimental a trabajar en varios clubs de alterne para ganar un dinero que él se quedaba.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la acusación pública, el imputado inició en febrero de 2006 una relación de noviazgo con la víctima. Tres meses después de conocerse comenzaron a residir juntos en un piso situado en la avenida General Sanjurjo, donde viviendo un periodo de normalidad hasta que el hombre decidió obligar a su pareja a mantener relaciones sexuales con otros hombres a cambio de dinero.
Para conseguir su objetivo y vencer las reticencias de la chica, J.M.S.P. no dudó, según la fiscal, "en adoptar un comportamiento violento que se traducía en constantes palizas y humillaciones, algunas de ellas de carácter sexual, cada vez que la denunciante mostraba alguna oposición frente a sus decisiones". A base de golpes consiguió presuntamente crear en ella un sentimiento de sumisión y temor que la llevó a prestar servicios sexuales en diversos establecimientos de la ciudad. Lo hizo hasta que reunió las fuerzas y el valor suficiente para acudir a comisaría.
La mujer contó al interponer la denuncia que había estado trabajando en un local de la calle Diego Delicado de A Coruña y en otro situado en las inmediaciones del estadio de Riazor, además de en una casa de citas del municipio de Carballo. A pesar de que no consta que le causase daños corporales, pues la mujer nunca denunció las palizas ni acudió a centro médico alguno, la fiscal acusa a J.M.S.P. de tres delitos de maltrato de género, otro de malos tratos habituales agravado por haber sido ejecutado en el domicilio común y un tercero relativo a la prostitución.
La representante del Ministerio público sostiene que el número de actos agresivos, prácticamente diarios, en ningún caso fue inferior a tres y tampoco cesaron cuando la víctima se quedó embarazada, estado en el que siguió obligada a ejercer la prostitución.
La mujer decidió denunciar a su pareja en septiembre de 2006, cuando el Juzgado de Instrucción número 6 -que en ese momento se encargaba de los casos de violencia de género- dictó un auto por el que se prohibió al sospechoso acercarse a la mujer o comunicarse con ella.
La fiscal, además de los ocho años y tres meses de prisión, propone que J.M.S.P. no pueda portar armas durante diez años, ni acercarse a la denunciante hasta dentro de trece. Por el delito relativo a la prostitución pide también que se le condene al pago de una multa de 10.800 euros y que indemnice a la víctima en 12.000 por el daño moral que le ha causado.
