El Arzobispado de Santiago de Compostela recurrió también la ordenanza introducida en el plan general para calcular el límite de altura de los edificios en función del ancho de las calles. Lo hizo tras comprobar que el documento urbanístico en proceso de aprobación dejaba fuera de ordenación algunas de las iglesias de la ciudad. Del casi un centenar de recursos presentados por el organismo eclesiástico contra la polémica ordenanza, el 80% pertenecen o están relacionadas con esta normativa que el Ayuntamiento tuvo que comprometerse a retirar del ordenamiento ante la oposición despertada entre vecinos y colectivos profesionales.

Entre los templos excluidos del futuro ordenamiento estarían algunos tan conocidos como la parroquia de San Antonio, en la avenida de Finisterre. A ésta habría que sumar también la de San Francisco Javier, en la calle Monasterio de Bergondo, según indicaron ayer los portavoces del arzobispado.

Si bien el grueso de las 92 alegaciones presentadas contra el plan general se corresponde con la ordenanza de las alturas, también existen otros recursos no relacionados. La entidad eclesiástica formuló además protestas oficiales por la clasificación del suelo en algunos puntos de la ciudad donde se encuentran levantadas iglesias o edificios parroquiales. Así, la diócesis de Santiago se opone a la recalificación prevista en el núcleo de San Cristóbal das Viñas. Lo que antes era urbano pasa ahora a ser rústico, con todas las consecuencias de carácter urbanístico que ello conlleva, como pérdida de valor de los terrenos o mayores dificultades para ejecutar obras en los inmuebles ya construidos. Esta operación afecta a la parroquia del mismo nombre, cuya iglesia y cementerio quedarían perjudicados.

El arzobispado reconoció que los recursos contra el contenido del plan general son "bastantes", pero lo justificó dada la preocupación que la norma de las alturas despertó durante el periodo de exposición pública al que fue sometido el documento recientemente y que ha provocado que las alegaciones totales superen las 27.000, según los datos presentados por el Ayuntamiento, que mantiene su compromiso de que ningún edificio quede fuera de ordenación por su altura. Más del 95% de éstas se corresponden con la ordenanza, un porcentaje mayor incluso del que representan en el caso particular del arzobispado. Otros organismos públicos también han formulado recursos contra el ordenamiento en tramitación, aunque el Ayuntamiento no ha desvelado de quién se trata. Entre los escritos también pueden encontrarse documentos firmados por constructoras, promotoras inmobiliarias y asociaciones de vecinos.