La Xunta contrata seguridad privada para edificios judiciales en lugar de policías

El Gobierno gallego pagará 118.019 euros a tres empresas privadas para que vigilen los accesos al registro civil, al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y a los Juzgados situados en el edificio Proa, en Matogrande. Algunos de los agentes en régimen de segunda ocupación que trabajan en el edificio de Nuevos Juzgados y el sindicato CCOO denuncian que el Gobierno gallego escogió la opción más cara, ya que los policías que están jubilados realizan el mismo servicio por 720,42 euros al mes

TANIA SUÁREZ | A CORUÑA La Xunta adjudicó a empresas de seguridad privada la vigilancia de algunas instalaciones judiciales de A Coruña en lugar de contratar a policías en régimen de segunda ocupación, que es la opción más barata. Algunos de los agentes que vigilan el edificio de Nuevos Juzgados, así como el sindicato CCOO, denuncian que el Gobierno gallego pagará "mucho más" a empresas privadas de lo que le cuesta contratar a policías en régimen de segunda ocupación.

El Gobierno gallego pagará 118.019 euros por el servicio de vigilancia y seguridad del registro civil, del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y de la sede de los juzgados de lo Mercantil y de lo Contencioso-administrativo, situados en el edificio Proa, en Matogrande. Los agentes de la Policía Nacional en régimen de segunda ocupación que vigilan el acceso al edificio de Nuevos Juzgados y a la Audiencia Provincial cobran 720,42 euros al mes, por lo que los sindicatos denuncian que la Consellería de Xustiza pagará más por el mismo servicio.

Los representantes de los trabajadores de los edificios judiciales y el juez decano de A Coruña, Antonio Fraga Mandián, reclaman al Ejecutivo gallego y a la Jefatura Superior de Policía que incrementen la seguridad en el inmueble de Nuevos Juzgados porque advierten de que carece de agentes capacitados para intervenir en trifulcas.

Los trabajadores del edificio de la calle Monforte realizaron la reclamación después de que un acusado lesionase a la secretaria del Juzgado de Menores. Los funcionarios en régimen de segunda ocupación que están en la puerta de las instalaciones tienen sesenta años y sólo están capacitados para realizar labores de vigilancia. Los policías advierten de que Nuevos Juzgados carece de seguridad porque las plantas no están vigiladas.

El juez decano envió un escrito al Jefe Superior de Policía para solicitarle agentes para garantizar la seguridad del edificio. La Policía nacional, sin embargo, asegura que la vigilancia de los edificios judiciales es competencia de la Xunta. El Gobierno gallego, por su parte, afirma que es el 091 el que tiene que enviar policías al inmueble de la calle Monforte.

Por el momento, los funcionarios en activo sólo acuden a las instalaciones cuando los juzgados les alertan de que determinados días van a celebrar vistas orales o tienen declaraciones conflictivas. Los afectados, no obstante, inciden en que hay "riesgo" de que surja cualquier imprevisto y se desencadenen peleas en el inmueble.

La sede del registro civil, situado en la plaza de Vigo, la subdirección del Imelga y los juzgados de lo Mercantil y de lo Contencioso-administrativo del edificio Proa estarán vigilados por guardas jurado, que harán las funciones que realizan los policías contratados en régimen de segunda ocupación.