El Ayuntamiento descarta crear una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas tras la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que obliga a indemnizar con 8,2 millones a cinco propietarios de parcelas en Someso que fueron expropiadas para un campo de fútbol, según los jueces, y acabaron por dedicarse a uso residencial y comercial. La concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, argumenta que la Xunta ordenó las expropiaciones y que el Concello adquirió los terrenos a petición de los afectados y por un precio superior al que establecía la ley -abonó alrededor de 35 euros por metro cuadrado en lugar de 18,63-. El BNG respalda a los socialistas: "La justicia, a veces, es un cachondeo", responde su portavoz, Henrique Tello.
Un pleno extraordinario, 45 minutos, sólo para debatir la sentencia sobre los terrenos, pero las alusiones ya empezaron en la sesión ordinaria anterior. El PP animó al Ayuntamiento a que, en el día que se aprobó una calle para Aristóteles, se homenajease a la "ética política" del filósofo; y criticaron al alcalde, Javier Losada, por afirmar el lunes que el Partido Popular está "contento" de que haya que pagar 8,2 millones. La oposición tachó sus palabras de "mediocres".
La expectación en el pleno era mayor que otras veces, con afectados de Someso y del parque ofimático entre el público. El PP insistió en que fuese el alcalde quien diese explicaciones, pues en 2004, cuando el Concello se negó a devolver las fincas a los dueños, era concejal de Urbanismo y fue alcalde accidental y presidente de la Junta de Gobierno Local en la sesión que se aprobó la venta de los terrenos a la junta de compensación de Someso por importe de catorce millones.
"Fue una actuación irregular y negligente y el máximo responsable es Javier Losada. No se esconda detrás de la concejal de Urbanismo (en referencia a Obdulia Taboadela) y dé la cara", reclamó el portavoz de la oposición, Carlos Negreira. Sin embargo, el regidor guardó silencio y dejó el asunto en manos de Taboadela, quien explicó a su manera -utilizando las polémicas declaraciones del alcalde de Valladolid sobre la ministra Leire Pajín- por qué se encargaba ella de decir no a la comisión de investigación: "Nuestro alcalde y secretario general considera que las mujeres tienen igual los morritos para hablar".
La responsable de Urbanismo argumentó que la expropiación fue dictada por la Xunta de Manuel Fraga para construir la carretera de Pocomaco y que los propios afectados pidieron al Ayuntamiento que adquiriese las fincas: "Compró la totalidad de los terrenos y a un precio superior a un 80% en un caso de expropiación", defendió la edil.
Las explicaciones de Taboadela contradicen los argumentos de la sentencia. Según su versión, los terrenos no se adquirieron para un campo de fútbol y no se produjo una reclasificación porque en los planes generales de 1985 y 1998 aparecen como "suelo urbanizable delimitado" y "uso característico residencial". Taboadela comparó el proyecto con el parque ofimático: "Núñez Feijóo desestimó como conselleiro las reversiones del parque ofimático. Y le digo que fenomenal, que hay que defender los intereses de los ciudadanos".
El portavoz del PP lamentó la "soberbia" del Concello: "Ni siquiera se les ocurre pedir perdón y decir que nos hemos equivocado". Negreira se compadeció de Taboadela por el "papelón" que asumió en el pleno porque, a su entender, son Losada y aquellos concejales del PSOE que en 2004 ya estaban en la junta de gobierno -donde se dio el visto bueno a la venta de los terrenos- quienes deben asumir su responsabilidad: "Se aprobó la venta aun a sabiendas de que los perjudicados habían iniciado su reclamación por vía administrativa (para la recuperación de sus parcelas)".
Un 'juego' de pillos
Negreira acusó al Concello de "engañar" a los propietarios con las expropiaciones y de pagarles una "miseria". En su opinión, fue una "pillería" porque pagaron 35 euros el metro cuadrado y luego los vendieron a 835 euros: "Ganaron un 2.300%". El portavoz del PP recordó que no sólo habrá que pagar 8,2 millones en indemnizaciones, sino que además el Superior establece unos intereses de demora -712 euros al día desde que se publicó la sentencia-: "Ya van más de 111.755 euros", espetó Negreira.
La oposición centró sus críticas en el alcalde y en su falta de valentía para "dar la cara" en el pleno de ayer: "Tomó una decisión antijurídica. Usted es fuerte con los débiles, dejó sin tierras a los legítimos propietarios, y débil con los fuertes, porque allanó todo el terreno a la junta de compensación".
El PSOE no estuvo solo en la defensa de sus argumentos. Pese a que los hechos se remontan a la época del BNG en la oposición, los nacionalistas salieron en auxilio de sus socios de gobierno. Su portavoz, Henrique Tello, también rechazó la propuesta del PP porque el caso está en manos de los jueces: "No vamos a entrar en su juego político: solicitar una comisión de investigación cuando el tema está en el juzgado y hay una sentencia".
Tello destacó que una "auténtica burla, cuasi estafa" fue la adjudicación, por parte de la Xunta de Fraga, del recinto ferial por 22 millones. El líder del PP bromeó con el "afán" del portavoz del Bloque de "mimetizarse" con los socialistas y con que acuda antes a los "teatrillos" de Losada que a los "desayunos" del portavoz nacional del BNG, Guillerme Vázquez.
