El alcalde, Javier Losada, en su condición de concejal de Urbanismo, autorizó en el año 2004 la venta de los terrenos de Someso expropiados para la construcción del nuevo campo del Relámpago. Justificó la decisión con unos informes emitidos con posterioridad a la resolución con la que apoyó la propuesta de la Junta de Compensación de obtener un beneficio económico de las parcelas. El grupo municipal del Partido Popular denunció ayer el modo en el que el Ayuntamiento gestionó la operación urbanística, que le ha valido una sentencia condenatoria por valor de 8,2 millones de euros. El Gobierno local lamenta el "empecinamiento" de Negreira "en defender los intereses de particulares frente a los generales" en todo el proceso urbanístico desarrollado en Someso.

De acuerdo a la información que figura en el expediente presentado por los populares, Losada, respondió el 21 de octubre a la petición formulada por la Junta de Compensación de vender los terrenos recién expropiados para levantar el nuevo campo de fútbol del Relámpago y dedicarlos a vivienda protegida. La fecha de la resolución firmada por el hoy alcalde y entonces responsable del área de Urbanismo coincide exactamente, según subrayó el portavoz municipal del Partido Popular, Carlos Negreira, con la de la petición oficial del presidente de la Junta de Compensación. Además, el contenido de la respuesta de Losada, añadió Negreira, hace referencia a informes de la arquitecta municipal que todavía no habían sido emitidos cuando el alcalde recomendó aceptar la propuesta del órgano constituido entre los propietarios y los promotores para gestionar la operación urbanística de Someso.

Dichos informes a los que se refiere de manera anticipada el alcalde hacen referencia al aprovechamiento que obtendría el Ayuntamiento en caso de dedicar los terrenos a la construcción de vivienda libre en lugar de utilizarlos para el proyecto original para el que fueron expropiados.

"La valoración del aprovechamiento correspondiente a vivienda libre se efectúa aplicando el precio de mercado por transacciones que actualmente se están produciendo en el polígono, por lo que, según el informe de la Arquitecta Municipal -expone Losada en su resolución-, la valoración del metro cuadrado es de 835,41 euros, antes de urbanizar". Sin embargo, este cálculo al que hace referencia el alcalde no aparece justificado en el expediente hasta unos días más tarde, el 25 de octubre de 2004, en el documento de valoración de criterios firmado por la arquitecta municipal.

El Concello replica que el único propósito del Partido Popular y de Carlos Negreira es "conseguir un rédito personal y político sin importarle las consecuencias y los instrumentos que utilice para lograrlo". Al respecto, el gobierno municipal coruñés acusa a los populares de "distorsionar la realidad y los hechos".

En relación a este caso, reitera, como lo hizo ya la concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, en el pleno celebrado este martes, que quien se encargó de expropiar los terrenos "fue la Xunta". También subraya que el Concello "actuó para alcanzar la avenencia de los propietarios", comprando la totalidad de los terrenos "al precio solicitado" por ellos y adquiriendo parcelas "que no estaban destinados a la carretera de acceso a Pocomaco y que, por esa razón, no estaban sujetos a expropiación", insiste.