El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de A Coruña ha celebrado este lunes la vista por el recurso presentado por la hija del militar Juan Canalejo Castells, fundador de la Falange en esta ciudad, contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de A Coruña que acordó eliminar su nombre en una de las calles de la ciudad, así como otras distinciones honoríficas, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica.

La familia de este militar argumenta que no participó en el alzamiento y que los hechos en los que se basó la comisión de expertos sobre la eliminación de simbología franquista en la ciudad, se produjeron con anterioridad a la Guerra Civil y que no es de aplicación en este caso la Ley de la Memoria Histórica.

En la vista, el abogado de la familia basó en este argumento la mayor parte de las preguntas a los miembros de la comisión de expertos que comparecieron como testigos, entre ellos el presidente de la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, Manuel Monge.

SUBLEVACION

Así, ha incidido en aspectos como el que no se exigiese en la elaboración del informe de la comisión prueba documental, lo que ratificó uno de sus miembros y en el hecho de que entre mayo de 1936 y noviembre de ese mismo año, hasta ser ejecutado, Juan Canalejo Castells permaneciese en la cárcel Modelo de Madrid.

A preguntas del letrado, uno de los expertos de la comisión ha reconocido que Juan Canalejo no participó directamente en la sublevación por estar en la cárcel, pero ha precisado que su presencia en prisión, junto al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, "no coartaba las visitas y reuniones de falangistas", ha indicado.

En su informe, la comisión de expertos para la eliminación de simbología franquista, aprobado por unanimidad, subraya el papel de Juan Canalejo como "fundador" de la Falange coruñesa en el año 1933, "organizador" de las milicias armadas falangistas en la ciudad "previamente a la sublevación militar" y como "jefe territorial" de las mismas.

CASO "INSOLITO"

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la CRMH de A Coruña, Manuel Monge, ha recalcado que estas milicias fueron un grupo "de extrema violencia, totalmente implicado en la sublevación militar" y se ha mostrado confiado en que el juzgado les dé la razón ante lo que ha calificado como "un caso insólito".

Al respecto, ha recordado que no hay constancia "en toda España" de un recurso similar. La petición de la familia afecta a los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de La Coruña, no al cambio de nombre del hospital de la Coruña, que llevaba su nombre, por Complejo Hospitalario Universitario (Chuac), que acordó la Xunta de Galicia.

Mientras, el abogado de la hija de Juan Canalejo, Alfonso Freire, ha precisado que no se oponen a la retirada de las distinciones, pero que entienden que no es aplicable la Ley de la Memoria Histórica. Además, ha considerado que no son "creíbles" los argumentos esgrimidos para tomar esta decisión y ha criticado que por parte del Ayuntamiento no se recibiese a la familia, como habían pedido.