El Superior condena a la Xunta por recalificar las fincas que expropió en el parque ofimático

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Parte de los terrenos en los que se preveía construir el parque ofimático y que albergarán pisos. / juan varela
Parte de los terrenos en los que se preveía construir el parque ofimático y que albergarán pisos. / juan varela 

El Tribunal ordena al Gobierno gallego en una sentencia contra la que no cabe recurso que devuelva a sus dueños 80.000 metros cuadrados . La reversión es inviable, por lo que tendrá que indemnizarles

TANIA SUÁREZ A CORUÑA La Xunta deberá indemnizar a los propietarios de 80.000 metros cuadrados de terrenos situados entre Eirís y Matogrande a los que expropió para construir un parque de oficinas y que finalmente albergarán más de 2.000 viviendas. Así lo ordena el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en una sentencia firme, es decir, contra la que no cabe recurso. El alto órgano jurisdiccional gallego considera probado que el Instituto Galego de Vivenda e Solo presionó a los afectados para que vendiesen sus solares entre 1993 y 1994 por 60 euros el metro cuadrado. Tras hacerse con las parcelas, el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento decidieron modificar el proyecto inicial del parque ofimático y destinarlas a pisos.

El Tribunal Superior estima el recurso presentado por unas sesenta familias que eran propietarias de 80.000 metros cuadrados de suelo porque la administración recalificó los solares después de expropiarlos. Los jueces ordenan a la Xunta, que adquirió alrededor de 157.000 metros cuadrados, que devuelva los terrenos a los perjudicados que reclamaron la reversión, algo imposible de ejecutar porque existe un plan de reparcelación del parque ofimático. La única salida del Gobierno gallego para acatar el fallo, que es firme, es pagar indemnizaciones a los expropiados, que en su mayoría fueron representados por los abogados María José Almodóvar Melendo, Luis Antonio Cores Castro y Juan Ricardo López. El letrado Abraham Piñeiro también defendió a varios de los perjudicados.

El Ejecutivo autonómico tiene un plazo de dos meses para cumplir de forma voluntaria la sentencia, por tanto, deberá iniciar antes de esa fecha los trámites para devolver las fincas a los demandantes. El propio Gobierno gallego fijará la cantidad con la que indemnizará a los perjudicados, que pueden recurrir a los juzgados en caso de que consideren que es insuficiente.

Los jueces desestimaron los recursos presentados por los afectados durante los últimos años porque carecían de pruebas de que el Instituto Galego de Vivenda e Solo los hubiese expropiado. La administración defendía que había adquirido los terrenos de forma libre, es decir, mediante un proceso de compra venta. Después de años de denuncias, reclamaciones y sentencias, los afectados localizaron un documento que confirma que fueron obligados a vender sus fincas, lo que provocó que en 2009 el Superior anulase todo el proceso judicial que se había llevado a cabo.

"Resulta probado que la administración inició formalmente el procedimiento expropiatorio mediante la aprobación y publicación del decreto por el que se declaraba la urgente ocupación, a los efectos de su expropiación, de los bienes y derechos necesarios para ejecutar la primera fase del plan parcial del parque ofimático", subraya el alto tribunal gallego en el fallo en el que condena a la Xunta. El Superior, por tanto, basa su sentencia en el hallazgo del documento que el Instituto Galego de Vivenda e Solo había ocultado a los jueces durante años.

El escrito, al que tuvo acceso este diario, incluye el cálculo del precio de las expropiaciones y la relación de propietarios de las fincas y de los bienes afectados para construir un parque de oficinas. Los jueces insinúan en el auto en el que anularon las sentencias en las que le daban la razón a la Xunta que se sintieron burlados por el Ejecutivo gallego. "Su existencia -dicen refiriéndose al documento- debía de ser obligatoriamente conocida por la administración demandada", destacan los magistrados.

El proyecto del ofimático que presentó a principios del mes de octubre la concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, incluye la construcción de más de 2.000 viviendas. Dista mucho del plan presentado hace veinte años por el entonces conselleiro Antonio Couceiro, que incluía, entre otras instalaciones, un helipuerto, un apeadero de tren y un campo de golf. Las instalaciones estarían al servicio de un área que albergaría oficinas de empresas relacionadas con la tecnología.

Los abogados de los expropiados celebran que la justicia haya reconocido su derecho de reversión aunque lamentan que algunos de los afectados hayan fallecido sin conocer la sentencia.

El Ayuntamiento fue condenado hace un mes por el Superior por el mismo motivo que la Xunta. El alto órgano jurisdiccional gallego impuso al Concello el pago de 8,2 millones de euros a propietarios de suelo en Someso a los que expropió en 1989 para construir un campo de fútbol. La Administración local cambió más tarde el uso de los terrenos y los incluyó en el plan parcial para la construcción del recinto ferial, un centro comercial y edificios de viviendas y oficinas. El terreno de juego que el Gobierno municipal iba a levantar en Someso ocuparía una superficie de 20.000 metros cuadrados.

La Xunta adquirió 157.000 metros cuadrados de fincas situadas entre Eirís y Matogrande y algunos de los expropiados, dueños de 80.000 metros cuadrados, reclamaron la devolución de sus fincas porque, al igual que el Ayuntamiento, modificó el uso de los terrenos, que serán destinados a construir más de 2.000 viviendas. El Superior condenó al Ejecutivo autonómico a devolver los solares, algo imposible porque ya se ejecutó el plan de reparcelación. El Gobierno gallego debe comenzar el proceso de reversión durante los próximos dos meses y en caso de no poder devolver las fincas, deberá fijar las indemnizaciones que corresponden a los perjudicados. Los afectados, en caso de estar disconformes, podrán recurrir a los tribunales, que, al igual que en el caso de Someso, fijarán el dinero que la administración deberá pagar a los afectados.

La concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, defendió cuando se hizo pública la sentencia que condena al Concello que son "procedimientos normales en la política urbanística" y contestó a representantes del Partido Popular que las explicaciones que le pedían sobre Someso también deberían darlas ellos en el Parlamento sobre el ofimático.

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