La inmobiliaria Juan Pérez Paz solicitó ayer en un juzgado la orden de desalojo forzoso del inmueble número 14 de la calle Atocha Alta al haber expirado el día anterior el plazo establecido para que fuese abandonado por las personas que la ocupan desde hace tres años y que se agrupan bajo la denominación de Centro Social Okupado Casa das Atochas, en el que desarrollan actividades culturales.

Tras comprobar que el edificio no había sido desalojado de forma voluntaria, como había propuesto la empresa para solucionar el conflicto "de la forma más pacífica posible", exigió que se acometa esa medida con carácter obligatorio. El despacho de abogados Laterna, que representa a la inmobiliaria en este asunto, desconoce el tiempo que puede transcurrir hasta que el juzgado ordene la salida de los ocupantes, aunque recuerdan que transcurrieron tres años desde que la empresa solicitó el desalojo hasta que el juzgado dictó esa orden.

Los integrantes del colectivo Casa das Atochas han procedido en los últimos días a la retirada de algunos de los enseres que utilizaban en el edificio y enviaron ayer un comunicado en el que aseguran que cuando lo ocuparon se encontraba "abandonado, vacío y sin dueño conocido". Los ocupantes añadieron que el edificio carecía de uso y que además no es posible darle ninguno en la actualidad porque el Ayuntamiento mantiene paralizada la concesión de licencias de construcción durante la tramitación del nuevo plan general de urbanismo.

Para los afectados por la orden de desalojo, la actuación de Juan Pérez Paz constituye una "operación de especulación inmobiliaria" en la que estarían comprendidas las edificaciones existentes entre las calles Atocha Alta y Pintor Navarro, donde está previsto el desarrollo de un polígono mediante la fórmula de la junta de compensación. Casa das Atochas afirma que la promotora trata de adquirir los inmuebles de la zona que aún no posee o de que el Ayuntamiento "los expropie a su favor", lo que obligaría a desplazar a los vecinos que residen en las viviendas afectadas.

También critican los ocupantes del inmueble que la inmobiliaria haya pasado sus reclamaciones judiciales de la vía civil a la penal, iniciativa que califican de "abusiva" y que interpretan como un intento de dejarles en "una situación de indefensión".

Para Laterna Abogados, la elección del procedimiento penal para tramitar este caso es "lógico y normal". Los representantes de la empresa destacan que los miembros de Casa das Atochas "anteponen los intereses culturales a un bien legítimo de la promotora que es la propiedad", aunque no ponen en duda la realización de las actividades que afirman llevar a cabo en el inmueble ocupado.

Los letrados niegan además que el edificio estuviese abandonado, puesto que las personas que han sido imputadas por la vía penal "han declarado que sabían quién era el titular del inmueble", por lo que califican de "curioso" que lo desconozcan los integrantes del colectivo al que representan.

Los ocupantes revelaron ayer que recurrieron el jueves de la semana pasada la orden de desalojo, por lo que entienden que no puede llevarse a cabo sin pronunciarse sobre esa iniciativa y criticaron que el juzgado aprobase esa medida con una providencia y no un auto al tratarse de una decisión importante.