El Ayuntamiento firmó ayer con la Asociación Pro Enfermos Mentales de A Coruña (APEM) un convenio para renovar la cesión de dos pisos en los que residen personas a las que la entidad presta su ayuda. El documento suscrito entre el alcalde, Javier Losada, y el presidente de APEM, José Luis Muruzábal, ha prorrogado el préstamo de los inmuebles cuatro años más y permitirá alargar la labor de la asociación durante este tiempo, como reflexionó Muruzábal. De lo que se trata, apuntó el presidente de APEM, es de que se pueda continuar prestando este servicio a los enfermos mentales que lo precisen, de manera que se satisfaga la demanda que en estos momentos existe en la ciudad.

Muruzábal reconoció sin embargo que a su asociación le vendrían bien más pisos de estas características, en los que los usuarios de APEM pueden desarrollar una vida plenamente autónoma con la supervisión de especialistas, debido a las solicitudes que reciben. En cada uno de los dos pisos cedidos por el Ayuntamiento residen cuatro personas, pero siempre existe una habitación libre por si surge "algún imprevisto", como manifestó ayer el presidente de la asociación.

Los residentes en estas viviendas protegidas prestadas por el Gobierno local hacen una vida todo lo normal que pueden dentro de las limitaciones que les impone su enfermedad. En su día a día, como expuso José Luis Muruzábal, acuden a los talleres que organiza la asociación, hacen la compra en los supermercados y cuentan con el apoyo del personal de APEM que vela porque no sufran ningún tipo de problema.

La prórroga en la cesión de los inmuebles forma parte de las ayudas que la Concejalía de Servicios Sociales presta a las diferentes entidades que existen en la ciudad. Durante los últimos años, el Gobierno local ha presumido del incremento en el gasto social y del esfuerzo que se realiza ejercicio tras ejercicio en los presupuestos municipales. Sin embargo, el Ayuntamiento no puede cubrir todas las necesidades existentes y otras asociaciones, como el Comité Anti Sida de A Coruña (Casco) atraviesa ahora por dificultades para mantener su piso tutelado para pacientes de esta enfermedad en el barrio de Os Rosales. Lo que está en juego no es la cesión de la vivienda, que también procede del Ayuntamiento, sino el coste que le supone a la asociación y que no puede ser cubierto de manera completa con los fondos procedentes del Concello y la Diputación. Sin las subvenciones de la Xunta, a la entidad le será imposible alargar más allá de finales del año que viene su actividad en el piso, según denunciaron recientemente sus responsables. Durante los últimos ejercicios, Casco vio cómo la aportación del Gobierno autonómico se reducía hasta el punto de que no le daría para cubrir los gastos derivados del funcionamiento del piso y la asociación se vería obligada a suprimir este servicio en el que actualmente se encuentran con apoyo varias personas que sufren esta enfermedad.