El Concello se enfrenta a otros quince recursos judiciales por las expropiaciones de Someso

ANA RODRÍGUEZ A CORUÑA Abiertos quince nuevos procesos judiciales contra la expropiación de parcelas en Someso para construir un campo de fútbol y una carretera. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza, que obliga al Ayuntamiento coruñés a desembolsar 8,2 millones de euros a propietarios expropiados, no desanima al Gobierno local a luchar, de nuevo en los tribunales, contra las nuevas peticiones de devolución de terrenos realizadas por otros particulares afectados. La Junta de Gobierno Local acordó ayer personarse en los nuevos recursos: siete por el campo del Relámpago y ocho por el vial que va a Pocomaco.

El Ejecutivo municipal decidió personarse en los recursos promovidos contra el Concello por varios particulares, a quienes se les denegó la reversión de fincas expropiadas en Someso. Todos los afectados recurrieron por la vía administrativa, al igual que hicieron en 2004 los vecinos que ahora tienen que recibir del Ayuntamiento una indemnización de 8,2 millones. En aquel entonces, también urbanismo se negó a devolver las parcelas, por lo que los propietarios tuvieron que recurrir al contencioso.

La historia se repite de nuevo con estos quince propietarios de parcelas, adquiridas por el Ayuntamiento entre 1989 y 1990. Ocho de ellos poseían fincas en San Vicente de Elviña, que fueron adquiridas para levantar el campo de fútbol del club Relámpago, que nunca se llegó a realizar y se convirtieron suelo para el último gran desarrollo urbanístico de la ciudad en Someso. En los siete casos restantes, los terrenos se expropiaron para la construcción de la carretera a Pocomaco (la que divide la urbanización de Someso), aunque los demandantes sostienen que sólo se usó para ello una parte de las fincas y el resto fue destinado a edificaciones.

Pese a que el argumento municipal ya fue rechazado por el Superior, el Concello coruñés, tal y como había anunciado, decide pleitear e insiste en que no cabe derecho a reversión "puesto que las fincas no se expropiaron, sino que fueron adquiridas mediante compraventa. "Al igual que en todos los procedimientos jurídicos en los que decide tomar parte, se persona para defender los intereses de todos los coruñeses", señala el Gobierno local en una nota de prensa enviada tras la junta. El acuerdo de la Junta de Gobierno Local se toma con los votos a favor de los socialistas y los nacionalistas que, aunque se levantaron en las votaciones que negaron la devolución de los terrenos por vía administrativa, sí defienden que se pleitee ante el juez en defensa de los intereses ciudadanos.

En cuanto a la condena firme del Superior, los propietarios que deben ser indemnizados transmitieron su rechazo oficial a la oferta de suelo municipal como forma de pago de las compensaciones de 8,2 millones. Así lo constató el representante de los expropiados en un escrito entregado en el registro municipal el pasado 7 de diciembre. El PP criticó entonces que el Gobierno municipal hubiese aprobado los presupuestos sin incluir el dinero que ha de abonar a los dueños de las parcelas afectadas. El Ejecutivo pretendía canjear la indemnización con patrimonio público de suelo.

La junta de gobierno acordó ayer personarse en el recurso de una agrupación de afectados (entre los que se incluyen afiliados de Aproinco) que, bajo el nombre de la Asociación Parque Ofimático, ha impugnado el pliego de contratación del Concello para urbanizar el polígono. La intención de los demandantes es que el Contencioso paralice de forma cautelar el concurso de adjudicación. La existencia del recurso de los particulares fue hecha pública por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), en una rueda de prensa celebrada en enero, en la que acusaron al Concello de precipitarse en sacar a concurso la urbanización ante la inminencia de las elecciones y en la que exigieron la paralización del proceso hasta que se resuelvan todas las incógnitas que existen en torno al proyecto. La denuncia incluye las irregularidades que, a su entender, existen en el pliego de contratación. Aproinco criticó que el Concello tenga potestad para no indemnizar al futuro adjudicatario si se paraliza el proyecto, una situación que, en su opinión, tras la denuncia presentada, se puede producir al día siguiente de resolverse el concurso.