489 familias coruñesas fueron desahuciadas de sus viviendas el año pasado, la mayoría por impago de alquiler. La crisis económica se percibe en las estadísticas del Servicio Común de Notificaciones y Embargos de A Coruña, que revelan que desde 2008 el número de personas que fueron desalojadas de sus pisos aumentó un 47%. Y la cifra, según fuentes del organismo, seguirá aumentando.

En un año, de 2009 a 2010, los lanzamientos crecieron un 31%, ya que pasaron de 371 a 489. Los embargos de propiedades también aumentan, según informa la secretaria de la oficina de notificaciones, quien subraya que la crisis se nota "muchísimo". Los funcionarios encargados de que se ejecuten las órdenes de desahucio aseguran que están desbordados y subrayan que el trabajo se incrementó de forma "considerable" desde 2008, ya que a la mala situación económica se unió la entrada en vigor de la ley para acelerar los desalojos.

La normativa obliga a la justicia a expulsar a los morosos de sus casas en el plazo de un mes desde que los tribunales admiten a trámite las demandas de los propietarios de los inmuebles. Los juzgados coruñeses informan a los arrendatarios que deben los alquileres, así como a aquellos a los que les expiraron sus contratos y se niegan a abandonar las viviendas, de la fecha en la que efectuarán el desahucio. La notificación llega a los afectados el mismo día en el que son informados sobre las demandas que presentaron los dueños de sus pisos.

En el caso de que los desalojados no reciban las citaciones, se fijan en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial. Las notificaciones de las sentencias relativas a desahucios, en caso de que los demandados no comparezcan, también se pegan en la cartelera. De este modo, se acelera el proceso para que abandonen los inmuebles.

Cuando los inquilinos se niegan a salir de las casas o de los terrenos que ocupan e incumplen las órdenes judiciales, los encargados de que se ejecuten los fallos solicitan ayuda a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Los agentes acuden a las viviendas o a las fincas y obligan a los demandados a abandonarlas. De hecho, en los próximos meses la policía será requerida para desalojar a los chabolistas que aún residen en Penamoa, pues a los residentes en el poblado ya les fueron notificadas las sentencias que concluyen que tienen que abandonar los terrenos porque son propiedad del Ayuntamiento.

La crisis también provocó un aumento en el número de asuntos que entran en los Juzgados de Primera Instancia, que son los que se encargan de resolver casos relacionados con impagos. Según los módulos que establece el Consejo General del Poder Judicial, cada unidad de esta jurisdicción se puede hacer cargo al año de un máximo de 720 demandas, y en 2009 entraron en cada juzgado 1.366.