Dos agentes de la Policía Local se sentarán la próxima semana en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por presuntamente detener a un joven de forma ilegal. La Fiscalía solicita a los jueces que los condenen a pagar una multa de 2.160 euros y a diez años de inhabilitación para todo empleo o cargo público. El Ministerio público también pide que les impongan un año de cárcel por cometer un delito de lesiones, ya que los acusa de golpear a la víctima.

El fiscal sostiene en su informe sobre los hechos, sucedidos sobre la una y media de la madrugada del 16 de junio de 2006, que los agentes, acompañados por otros miembros del 092, acudieron a la calle Juan Canalejo, situada en el Orzán, para intervenir en una reyerta. Cuando la actuación policial ya había terminado, el denunciante se acercó a uno de los procesados, que estaba sentado dentro de uno de los vehículos policiales, para preguntarle qué había sucedido.

El agente se negó a darle información, siempre según el relato del representante del Ministerio público, y le conminó para que abandonase el lugar. El policía insistió al afectado para que se fuese de la zona, ante lo que respondió que no se iba porque no le daba la gana. El joven, no obstante, se dio media vuelta para alejarse, pero el funcionario salió del coche y fue tras él. El fiscal relata en su escrito de calificación que cuando el imputado lo alcanzó, lo cogió del brazo para proceder a su detención. En ese momento intervino su compañero y entre los dos empujaron al afectado contra un coche que estaba estacionado en las inmediaciones. El vehículo, como consecuencia del impacto, sufrió una abolladura en su parte trasera, pero los daños aún no han sido tasados pericialmente.

El joven se negó a acompañar a los policías porque consideraba que el arresto era injustificado, por lo que los sospechosos lo arrojaron al suelo boca abajo, lo redujeron y lo esposaron con las manos a la espalda. Los funcionarios trasladaron a la víctima al servicio de urgencias de la Casa del Mar y al llegar a la puerta de las instalaciones, según la Fiscalía, lo empujaron contra el coche policial y, tras separarle las piernas, lo cachearon "públicamente de una manera ostensible".

Los imputados, después de que el denunciante recibiese asistencia médica, lo trasladaron al cuartel de la Policía Nacional. Los agentes del 091, según recalca el fiscal, lo pusieron "inmediatamente" en libertad. Como consecuencia de los hechos, el perjudicado sufrió una contusión costal, erosiones en ambas muñecas y fractura costal. La víctima tardó en curar de las heridas 27 días, siete de los cuales estuvo incapacitada para realizar sus ocupaciones habituales.

La Fiscalía imputa a cada uno de los policías locales un delito de detención ilegal y otro de lesiones. El representante del Ministerio público también acusa al perjudicado de cometer una falta contra el orden público por la que solicita al tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial que le imponga el pago de una multa de 600 euros.

El fiscal, además de diez años de inhabilitación y el abono de una sanción de 2.160 euros, solicita a los magistrados que condenen a los funcionarios a pagar una indemnización de 350 euros a la víctima por los días de incapacidad y de 800 euros por los días que invirtió en sanar de las heridas. De estas cantidades responderá subsidiariamente el Ayuntamiento, según informa la Fiscalía en su informe sobre los hechos.