"Gracias a la coordinación institucional el estudio del trazado del tranvía no costará ni un euro a los coruñeses". El teniente de alcalde de Movilidad, Julio Flores, anunció ayer que la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta asumirá el coste del estudio de las vías del tranvía con el fin de detectar deficiencias en todo el trazado y conocer las causas del fallo frente al edificio de Hacienda que provocó un descarrilamiento el pasado día 2. El concejal criticó ayer la inactividad del anterior Gobierno local ante los problemas del trazado, pero los socialistas insisten en que en ningún momento se puso en peligro a los usuarios.
Flores confesó ayer desconocer la inversión que realizará la administración autonómica y será hoy, en una reunión entre los redactores del informe y los técnicos municipales, cuando se establezca el plazo en el que estará listo y se podrán tomar decisiones con respecto al servicio, que continuará suspendido. La empresa encargada de realizar el informe será Sener, que ya realiza el estudio de viabilidad del metro ligero costeado por el Gobierno gallego, lo que, según Flores, es una ventaja porque "ya conocen perfectamente el trazado". El cometido de la compañía será, no sólo dar una solución al problema detectado, frente al edificio de Hacienda, sino comprobar todo el trazado, sobre todo, los tramos a la altura del Rectorado de la Universidad y el hotel Meliá María Pita, sospechosos de sufrir también deficiencias.
Entre las posibles causas que baraja la Concejalía de Movilidad para el deterioro de las vías están la tensión por cambios de temperatura, la fatiga de los materiales, el mal diseño original o problemas de soldadura. Flores califica de "grave" el problema localizado y por eso promete un diagnóstico "riguroso" que ofrezca soluciones "para que no vuelva a pasar". Hasta que no se conozca el resultado del análisis, el edil no adelanta si se incluirá ya en los presupuestos del próximo año una partida para la reparación y alerta de que depende de la extensión de los problemas. "Pero no vamos a hacer como el anterior Gobierno municipal, poner en riesgo a los ciudadanos y a los conductores", espetó Flores.
El primer teniente de alcalde denunció que el anterior Ejecutivo local conocía la existencia de los problemas en las vías desde el año 2006 a través de un correo electrónico en el que el taller de Tranvías de A Coruña alertó de la rotura de los raíles a la altura del apartadero de Hacienda. El 23 de enero de aquel año, el jefe del servicio explica que en una inspección rutinaria se observaron tres puntos de fractura y advierte de que en el caso de uno de ellos es la cuarta vez que ocurre. Según el técnico, la deficiencia "podría ocasionar fallos importantes en el funcionamiento de los vehículos, al no cerrarse correctamente el circuito eléctrico" por lo que pide una "pronta reparación" y un estudio "en profundidad de la causa del problema" que zanje las roturas.
Poco más de un año después, en febrero de 2007, la Concejalía de Transportes encarga la redacción de un proyecto para reparar la vía. La empresa Ineco expone en su informe que la zona ha sido objeto de "numerosas incidencias que han requerido la actuación de numerosas reparaciones". Los redactores apunta a que con una "simple inspección visual" se detecta que el desvío no está bien formulado. "La geometría no es la adecuada al trazado de la vía en dicho punto", explica el documento, que añade que los "defectos de alineación" generan en esta área, frente a la playa del Orzán, un "punto de debilidad". La empresa propone la "rectificación" de las vías con la demolición de la plataforma de hormigón por la que discurren y el montaje de un nuevo desvío y calcula que el coste total de la obra sería de 213.644 euros en un plazo de seis meses.
Los dos informes sirvieron de argumento a Flores para criticar que el anterior Gobierno local "conocía la gravedad del problema y cuál era la solución" desde el año 2006 y no repararon la vía. Denuncia que en los presupuestos desde 2008 hasta 2010 no se consignó ninguna partida para el arreglo y que sólo en 2011 se incluyó una inversión pero, dice, vinculada a un préstamo. "Estuvieron cuatro años poniendo en riesgo a los usuarios, a los conductores y a los vehículos que transitan al lado del tranvía", censuró el primer teniente de alcalde.
Los socialistas admiten que conocían los desperfectos, pero niegan que los técnicos alertaran de riesgos para los viajeros. Un informe municipal hecho público por el actual Ejecutivo revela que el anterior Gobierno había dado orden a la Compañía de Tranvías de paralizar la circulación de los vehículos si existía peligro. "La explotación está bajo la responsabilidad de la Compañía de Tranvías y tiene instrucciones de suspender el servicio siempre que surja una situación de riesgo anormal que pueda poner en peligro las personas o los bienes", rezaba el texto del técnico municipal.
