Los propietarios del colegio Liceo la Paz, el jefe de estudios, el director técnico, el coordinador de la piscina, la monitora y el socorrista se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por la muerte de Diego Novo, el niño de cuatro años que en marzo de 2009 se ahogó en la piscina del centro. La juez que investigó el caso concluyó que hay indicios de que esas siete personas cometiesen un delito de homicidio por imprudencia, por el que podrían ser sentenciadas, según establece el Código Penal, a condenas de entre uno y cuatro años de cárcel.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 emitió ayer un auto en el que da por finalizadas las diligencias de investigación y solicita a la Fiscalía y al abogado que ejerce la acusación particular, José Luis Gutiérrez Aranguren, que en el plazo de diez días formulen sus escritos de calificación sobre los hechos.
"Las personas bajo cuya vigilancia se desarrolla la clase de natación del grupo y bajo cuya supervisión se hallan los menores en el recinto de la piscina, y en concreto Diego Novo, son la monitora y el socorrista", subraya la titular del Juzgado de Instrucción número 3 en el escrito, en el que también indica que al frente del colegio están "sus propietarios", quienes son "responsables últimos del centro y, en consecuencia, de todas las actividades que se desarrollen dentro del mismo".
La juez, además, recalca que el Liceo cuenta con un coordinador responsable de la piscina, de quien son superiores jerárquicos el jefe de estudios y el director técnico, a los que también imputa por homicidio imprudente. La magistrada destaca en el informe que el día que falleció el menor la monitora se ausentó de la piscina para ir al baño ocho minutos, según el reloj de una cámara instalada en el recinto. La responsable, según la juez, no avisó al socorrista ni a la otra monitora de que iba a salir de las instalaciones.
"A su regreso, ayuda a un niño rezagado del grupo y después espera cerca de la puerta de vestuarios. Dentro ya está el socorrista en las duchas con los niños. Cuando sale el socorrista ambos comienzan a caminar y se percatan de que en el fondo de la piscina hay un niño tumbado boca abajo", relata la titular del Juzgado de Instrucción número 3 en el auto.
La instructora del caso, en principio, solo había detectado indicios de delito en la actuación del socorrista y de la monitora porque eran los encargados de supervisar la clase de natación en la que falleció Diego Novo. La familia del niño, sin embargo, recurrió el escrito de la magistrada y exigió responsabilidades a la dirección del colegio y al jefe de estudios. "El fallecimiento del menor ha sido consecuencia de una concatenación de múltiples y gravísimas negligencias de las que han de responder no solo las personas que se encontraban directamente a cargo del grupo de niños al que Diego pertenecía, sino también aquellas otras que de una y otra manera han omitido los más elementales deberes de cuidado y vigilancia", exigía el abogado de los afectados, José Luis Gutiérrez Aranguren, en uno de los escritos en los que pedía a la magistrada la imputación de los responsables del Liceo.
La Audiencia otorgó la razón en diciembre de 2010 al letrado que defiende los intereses de la familia del niño y acordó que existen indicios de delito en la actuación del director, del coordinador de la actividad y de los propietarios del centro. Tras más de dos años y medio de investigación, autos y recursos, la juez finalizó las diligencias y decretó la imputación de siete personas -propietarios, jefe de estudios, director técnico, coordinador, monitora y socorrista - como sospechosas de cometer un delito de homicidio por imprudencia.
