La veintena de personas que reside en los terrenos situados entre Matogrande y Eirís sobre los que se levantará la urbanización del parque ofimático exigen al Ayuntamiento que los realoje. Los afectados aseguran que el Gobierno municipal les envió esta semana las cartas en las que les da un plazo de un mes para entregar las llaves de sus viviendas. Los afectados afirman que el Ejecutivo local les abonó el dinero que establece la ley por sus fincas, pero subrayan que se vieron "obligados" a invertirlo en los pisos que se construirán en la zona.

"En realidad no cobramos porque, en cierto modo, nos obligan a invertirlo en la urbanización. Hay vecinos a los que el dinero que les dieron por su casa no les da ni para pagar la urbanización. A mí me llega, pero si no me llegase, me tendría que fastidiar", subraya uno de los perjudicados, quien exige al Concello que los realoje hasta que se construyan los inmuebles. "Creo que no nos van a realojar. Solo realojan a los que están de alquiler y muchos no tienen a dónde ir", denuncia uno de los residentes en los solares que se negaron a vender los terrenos al Instituto Galego da Vivenda e Solo entre 1993 y 1994.

El Gobierno local, por su parte, sostiene que analizará la situación de cada una de las familias perjudicadas. "Urbanismo está en contacto con las personas que están residiendo en la zona. Cada caso es un caso particular, y se tratará deponer solución a cada uno de los casos de forma individual", señaló la semana pasada el portavoz municipal, Julio Flores.

Los cooperativistas del parque ofimático solicitan al Concello que comience las obras de urbanización de la zona "cuanto antes". Las familias que fueron expropiadas al principio de los años noventa por la Xunta para construir lo que en principio iba a ser un parque de oficinas reclaman al Gobierno gallego que acate la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que le obliga a devolverles sus fincas porque fueron recalificadas. Los perjudicados crearán una asociación para ejercer "presión" y defender sus intereses.

La Xunta ofreció a los afectados sus solares, eso sí, a cambio de que cada uno de ellos pague 244,77 euros por cada metro cuadrado de suelo que le devuelva. Eso significa que el Ejecutivo autonómico se embolsaría unos 29.372.400 euros, ya que los expropiados que recurrieron a la Justicia tras el cambio de uso de los terrenos son propietarios de unos 120.000 metros cuadrados de terreno. En total, la Xunta compró alrededor de 157.000 metros cuadrados.