La familia del exconcejal socialista Carlos González-Garcés exigió más dinero por la finca que vendió en el Agra de San Amaro a cambio de desbloquear el desarrollo de la urbanización, permitir la inscripción de los solares en el registro y retirar un recurso contencioso-administrativo que había presentado en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la decisión del Ayuntamiento, de cuyo Gobierno local formaba parte, de aprobar el proyecto de compensación del sector en enero de 2008. Esta actitud fue calificada por el representante de una de las promotoras del sector, en un escrito que presentó en el Concello, de "obstruccionista y ventajista".
La tramitación de la urbanización estuvo bloqueada algo más de un año debido a la demanda de más dinero de los González-Garcés, un problema que hizo que dos promotores del sector llegasen a optar por pagar ellos mismos los 156.005,61 euros que demandaba la familia porque Fadesa, que había comprado la finca a la familia, no podía abonar el último reembolso ante su situación, ya de suspensión de pagos. Fadesa, antes de su mala situación económica, sí había intentado pagarles, primero entregándoles cheques y después poniendo un aval, pero rechazaron los dos intentos.
El exedil González-Garcés, en nombre propio y en representación de su familia, vendió en febrero de 2000 la finca A Barresca que poseían en el Agra de San Amaro a la inmobiliaria Fadesa por un total de 1.482.342 euros, después de que dicha finca fuese recalificada por el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) de 1998 y pasase de leira destinada a parque a solar urbano con aprovechamiento urbanístico. En la escritura de compra venta se pactó que el abono sería en tres plazos y el último variaría, más o menos dinero, según la edificabilidad final que le otorgase el Concello en el segundo polígono del sector. En el contrato se incluyó también que si Fadesa no pagaba todo, la finca revertiría en los Garcés.
El 2 de junio de 2006, Fadesa y el Ayuntamiento firmaron un documento mediante el que el Gobierno local reconocía a la finca vendida por los Garcés un total de 3.304,307 metros cuadrados de edificabilidad (2.560 en el polígono dos del Agra y los restantes 724 en el polígono tres). Dicho documento fue el resultado del expediente de responsabilidad patrimonial por ocupación de los terrenos del paseo marítimo que ordenó incoar el entonces alcalde, Francisco Vázquez, en 2003 tras el acuerdo del pleno de abril de 2002.
En este documento de 2006, el Gobierno municipal atribuye la edificabilidad final a la parcela vendida a Fadesa. Los Garcés, tras este acuerdo, ya sabían la edificabilidad final que les correspondía por su parcela y, por lo tanto, querían cobrar la diferencia entre los 1,4 millones que pactaron con Fadesa por su terreno en 2000 y el valor de la edificabilidad final que les dieron. Esa diferencia era de 156.005,61 euros, por lo que el precio total de la venta de la parcela A Barresca estimada por la familia fue de 1.638.347 euros.
La peculiar condición resolutoria incluida en el contrato de compra venta entre Fadesa y los Garcés impidió que el registrador de la propiedad inscribiese el proyecto de compensación de la urbanización al no autorizar la familia Garcés el traslado de la carga a la parcela de resultado de Fadesa, por lo que el desarrollo de la urbanización se paralizó.
Promotores
Dos promotores propietarios de terrenos en el Agra de San Amaro, deseosos de construir cuanto antes los edificios y el área comercial, llegaron a un acuerdo con los González-Garcés para desbloquear la situación. El 28 de octubre de 2008, ante notario, Carlos González-Garcés, en su nombre y en el de sus hermanos, autorizó que la condición resolutoria sobre la finca pasase a la parcela de Fadesa y se comprometió a desistir del recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de aprobación del proyecto de compensación del Agra.
A cambio de que la familia del exedil retirase todos estos obstáculos al desarrollo de la urbanización, las promotoras Galitorre y Sobresga, las mayores propietarias del sector con el 23,4% y 17,95 de la propiedad, respectivamente, se comprometieron a pagar a los Garcés (todos presentes ante notario) los 156.005 euros de diferencia entre lo que habían acordado por la venta y el valor de la edificabilidad final.
Las dos empresas acordaron que les pagarían este dinero a los tres meses de la inscripción del proyecto de compensación en el registro o en todo caso en el plazo máximo de siete meses y medio desde el día del acuerdo ante notario (que se firmó en octubre de 2008). Estas promotoras después solicitaron al resto de propietarios que se pagase a escote lo que se acordó abonar a los Garcés, aunque algunos no estuvieron de acuerdo y reclamaron ante el Concello el convenio de la junta de propietarios.
Meses después del acuerdo ante notario el proyecto de compensación del Agra de San Amaro por fin pudo inscribirse en el Registro de la Propiedad, concretamente el 12 de marzo de 2009. La urbanización así se desbloqueó pero llegó, pocos meses después, la declaración de la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad, y ya fue el obstáculo definitivo para paralizar su ejecución, después de que la Dirección Xeral de Patrimonio, para garantizar la protección del faro, ordenase al Concello retirar el proyecto del plan general.
