La sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ayuntamiento coruñés a modificar los aspectos más restrictivos de la ordenanza municipal de telefonía móvil suscita el rechazo del movimiento vecinal, ya que desaparecerán las limitaciones actuales para ubicar las instalaciones en las proximidades de centros escolares, residencias de mayores y dependencias sanitarias. Las compañías que operan en este sector muestran por su parte satisfacción ante el fallo judicial, ya que consideran que les proporciona seguridad jurídica y que garantiza la unidad del mercado en todo el país.

"Es un paso atrás", manifiesta Luisa Varela, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de A Coruña y Área Metropolitana, quien expresa su desagrado por la resolución del Supremo, que se produce tras una larga lucha de los colectivos vecinales para tratar de limitar la actividad de las empresas de telefonía. "Tendremos que luchar contra ella", afirma Varela sobre la decisión del Gobierno local de adaptar la ordenanza coruñesa al texto genérico propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en el que no existen restricciones para la colocación de las antenas en los núcleos urbanos. En opinión de la dirigente vecinal, este cambio normativo hará que las antenas telefónicas "florezcan por todas partes".

Para Domingo Verdini, presidente de la asociación de vecinos Castrillón-Urbanización Soto, la sentencia del Supremo deja en la "indefensión a los ciudadanos ante posibles radiaciones" de estas instalaciones, aunque recuerda que el fallo judicial afirma que no existe un riesgo para la salud. "Ojalá sea así", proclama el portavoz de este colectivo, que en 2004 presentó alegaciones a la ordenanza municipal para exigir mayores cautelas a la hora de situar las antenas.

Verdini destaca que la Organización Mundial de la Salud no se ha pronunciado todavía de forma definitiva sobre los posibles perjuicios que causen estos aparatos y estima que la normativa estatal es "poco defensora de las personas más sensibles", en referencia a los niños, ancianos y enfermos, a quienes la ordenanza coruñesa trataba de proteger con sus restricciones. El presidente de la asociación de O Castrillón recuerda que existe una antena de telefonía móvil en la calle Oleoducto, justo frente al edificio que alberga un centro de día para mayores y una escuela infantil y vaticina que el Ayuntamiento se verá obligado a partir de ahora a conceder todas las solicitudes de licencias para antenas que presenten los operadores.

"Irán a la solución más barata", explica Verdini sobre la actuación futura de estas empresas, de las que dice que optarán por colocar menos antenas pero de una mayor potencia, aunque la tecnología existente permite instalar otras cuyo menor impacto se compensa con la ubicación de un número mayor de ellas en la ciudad.

Fuentes de las empresas del sector recuerdan que desde febrero de 2011 las sentencias del Tribunal Supremo sobre estas antenas aplican los mismos criterios, que consisten en que los ayuntamientos y las comunidades autónomas carecen de competencias para regular las telecomunicaciones, ya que esta actividad le corresponde en exclusiva al Estado. Estos fallos llevaron ya a anular las normativas que habían aprobado Cataluña y Baleares, mientras que el Tribunal Constitucional ratificó la decisión del Supremo ante el recurso que había presentado Castilla-La Mancha.

Las operadoras destacan que prestan sus servicios en toda España y que hasta que se dictaron estas sentencias cada municipio podía regular la instalación de antenas de forma diferente, lo que dificultaba la tramitación de las licencias. Con estas resoluciones judiciales, las empresas dispondrán de la seguridad jurídica para operar, así como de las mismas condiciones de trabajo en todo el territorio nacional, por lo que prevén que se agilice la concesión de licencias. La decisión del Gobierno local de adaptar su normativa a la de la FEMP es saludada por el sector, ya que era una de sus reivindicaciones tradicionales.