La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña decretó la imputación de tres personas por presuntamente impedir el paso de vehículos policiales y de bomberos al portal de la vivienda que ocupa Aurelia Rey, la octogenaria sobre la que pesaba una orden de desahucio por impago de alquiler. Unas doscientas personas, entre las que figuraban políticos y miembros de la plataforma Stop Desahucios, se concentraron el pasado 18 de febrero en la puerta del edificio de la calle Padre Feijóo número 8.
Los asistentes impidieron que la comitiva ejecutase la sentencia. De hecho, el juzgado ordenó paralizar el lanzamiento por motivos de seguridad. Algunos de los funcionarios de la Oficina de Notificaciones de los Juzgados sufrieron agresiones e insultos por parte de los opositores al desahucio, pero declinaron denunciar los hechos.
La magistrada que esa semana ejercía las funciones de guardia, no obstante, abrió una investigación sobre lo sucedido. El caso continúa abierto y, por el momento, hay tres personas imputadas. Entre ellas no figuran ni el bombero que se negó a abrir la cerradura ni el portavoz parlamentario del BNG, Francisco Jorquera, ni los líderes del BNG y Esquerda Unida-Os Verdes en A Coruña, Xosé Manuel Carril y César Santiso, quienes mostraron una fuerte oposición al lanzamiento. De hecho, agentes de la Policía Nacional los derribaron al suelo.
Los tres imputados son sospechosos de cometer una falta de desobediencia leve a la autoridad por impedir el paso de los vehículos policiales y de bomberos.
El desahucio de Aurelia estaba fijado para el pasado 28 de enero y fue paralizado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento después de que un funcionario de los juzgados les alertase de que la mujer se quedaría en la calle. El Concello negoció con los propietarios, que eran los únicos que podían impedir la ejecución de la sentencia, y aceptaron que se quedase unos días en el inmueble hasta que el Ayuntamiento le buscase una alternativa. Desde la Concejalía de Servicios Sociales le ofrecieron una plaza en una residencia con habitación individual, una opción que rechazó, por lo que la comitiva judicial acudió a realizar el lanzamiento.
El caso trascendió a la opinión pública tras la alerta del funcionario a Servicios Sociales, por lo que unas doscientas personas impidieron el desahucio. Los días posteriores, un grupo mucho menos reducido hizo guardia día y noche en el portal del edificio por si acudía la comitiva judicial. La Xunta ofreció esa semana a la mujer un piso de protección social en Novo Mesoiro y otro en Eirís, pero la afectada los rechazó y manifestó que quería vivir en el centro o en Ciudad Jardín. Finalmente, el abogado de Aurelia llegó a un acuerdo con los dueños del piso, que accedieron a pagarle alrededor de 5.000 euros, según fuentes cercanas al caso, a cambio de que la mujer abandone la vivienda en el plazo de dos meses. Los dueños del piso, de esta forma, renunciaron a la ejecución de la sentencia de desahucio, que era firme.
Anova, la formación política liderada por Xosé Manuel Beiras, critica la decisión de la juez. "Consideramos que intentar criminalizar a los ciudadanos que se deciden a apoyar causas como esta no deja de ser un mundo al revés. Esperamos que de estas diligencias no se derive ninguna acción judicial contra estos ciudadanos", indica.
