La segunda cuota de urbanización del parque ofimático está en fase de tramitación y "en cuestión de semanas" será comunicada a los promotores inmobiliarios que tienen suelo en el polígono coruñés, donde las máquinas ya han ocupado algunos terrenos pero todavía no se ha empezado a edificar. El responsable del área de Urbanismo, Martín Fernández Prado, admitió ayer que los trámites para concretar la segunda derrama que los promotores han de asumir para financiar las obras de urbanización está "en preparación".
El pago de la primera cuota generó en su momento ciertos conflictos y tanto la Xunta como los empresarios urbanísticos privados se demoraron en abonar las correspondientes cantidades de financiación. De hecho, recuerda el Ayuntamiento, la primera derrama la pagaron "la mayoría de particulares y promotores", pero no todos. La Xunta lo hizo el pasado 20 de abril, un año y medio de que se pusieran en marcha los trabajos en el polígono residencial. Abonó 1,98 millones de euros a través de la empresa pública Xestur, que engloba además a las cooperativas con parcelas en el parque: Eirís-Ofimático, Cofuncovi, A Carnocha y Sociedade Cooperativa Galega de Vivendas Parque Ofimático.
Los promotores inmobiliarios reclamaban ya en el año 2011 que se aplazase el pago de la primera cuota hasta que terminase el proceso de devolución de las fincas a sus dueños originales. El abono que comprometía a todos los propietarios de parcelas no se fue realizando hasta más adelante, y llegó con retraso. Alguno, como Inversiones Parque Ofimático SL, manifestó su intención de no construir y recurrió el primer recibo que le llegó del Concello en noviembre pasado, pero la Justicia avaló la cuota girada por el Gobierno local, que se encarga de recaudar las derramas con las que se financia el proyecto.
Otras tres cooperativas cuentan con licencias para edificar en el parque, mientras que los promotores privados no tienen demasiada confianza en la rentabilidad del parque ofimático. El mes pasado reiteraron que aunque poseen suelo descartan iniciar proyectos debido a las desfavorables condiciones de mercado. Martínez Prado, que admitió esta semana que el Concello tiene "un debe" con los empresarios por haber iniciado la urbanización, recordó ayer que el problema que éstos tienen se debe a que tienen que pagar cuotas pero no encuentran financiación para las obras.
El concejal de Urbanismo defendió ayer uno de los argumentos que expuso el pasado lunes a los promotores -entre ellos los del ofimático-, el de la flexibilidad que otorga al plan general. "No es un documento cerrado sino que se adapta a las circunstancias de cada momento y a las necesidades que surjan, por lo que es susceptible de cambiarse y tener modificaciones puntuales", dijo Prado, que recordó que el plan urbanístico de Barcelona también ha sufrido cambios.
