La entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) no ha traído finalmente calma a algunos de los antiguos propietarios de terrenos edificables en el Agra de San Amaro. Parte de los promotores consideran que los derechos que se les otorgó a las fincas en 1993 -en compensación por las expropiaciones para la construcción del nuevo paseo marítimo- no son equilibrados con el traslado de la edificabilidad a Adormideras.
La disconformidad ha llegado al punto de que la Xunta ha recibido tres recursos ante el Contencioso-administrativo de los promotores contra el último PGOM, en el que, para evitar tener que pagar las indemnizaciones millonarias que exigían, el Concello traslada parte de los derechos de edificabilidad a la cantera de Adormideras. De este modo, se permitiría la edificación, por debajo de la rasante, de 333 nuevas viviendas en el jardín vertical de la plaza Galatea y edificios de servicios con aparcamiento en una parte del Agra de San Amaro.
Fue la Consellería de Cultura, a través de la Dirección Xeral de Patrimonio, quien vetó la consumación del acuerdo de hace ya tres décadas para conceder edificabilidad a los propietarios de los terrenos. ¿El motivo? La declaración de la Torre como monumento patrimonio de la humanidad, que implicaba la creación de un área de especial protección, impidiendo la construcción de ningún edificio en ese perímetro.
El informe vinculante de Patrimonio exigió en 2011 al Concello que denegase la licencia de urbanismo a cualquier edificación en el entorno protegido de la Torre, con independencia del plan general que estuviese vigente. Afecta a "nuevas edificaciones" pero, de haber llegado el título universal para la Torre antes, puede que no hubiesen visto la luz varias de las edificaciones más próximas que se levantaron en las pasadas década.
El cambio de los derechos de edificabilidad del Agra de San Amaro a Adormideras no satisface a los promotores y tampoco lo hace con los vecinos de la zona. La posible edificación de más bloques de viviendas despertó un profundo malestar entre los residentes, temerosos de un aumento todavía mayor la densidad de población en uno de los barrios más populosos.
La solución urbanística propuesta por el Gobierno local tampoco cuenta con el apoyo de entidades como el Instituto Torre de Hércules, que llegó a denunciar formalmente ante la Unesco el nuevo proyecto de urbanización, al entender que también se encuentra en el marco de la zona buffer de la Torre, el perímetro de especial protección del monumento. El Concello garantiza que no se permitirán construcciones que "impidan la contemplación del faro" y que no se hará nada que no cuente con el visto bueno de la propia Unesco.
El recurso de los promotores a la vía judicial no ha sorprendido a nadie. El propio concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, reconocía en agosto de 2012, después de presentarse el traslado de la edificabilidad a Adormideras, que algunos de los propietarios de terrenos "continuarán con vía de los juzgados hasta el final".
Con todo, no es esta la primera ocasión que los promotores del Agra de San Amaro canalizan sus reivindicaciones por esta vía. En marzo de este año, el Juzgado de lo Contencioso número 3 de A Coruña desestimó un recurso presentado por uno de los promotores que exigía una indemnización por haberle sido denegada la licencia de construcción en el entorno de la Torre.
Al conocerse el informe de Patrimonio, los promotores del Agra de San Amaro apuntaron al Gobierno municipal bipartito como el responsable de pagar las indemnizaciones. Una pelota que la concejal de Urbanismo de aquel entonces, Obdulia Taboadela, trató infructuosamente de pasar a la Xunta, al considerar que fue el Gobierno gallego el responsable último por ordenar la eliminación del polígono del Agra de San Amaro del Plan General de Ordenación Municipal de aquel entonces.
