Los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera que ayer registraron el Palacio Municipal y las Casas de Paredes„sede de las concejalías de Cultura y Educación, y de parte del Instituto Municipal Coruña Espectáculos (IMCE)„ se incautaron de documentación sobre los contratos firmados por el Ayuntamiento de A Coruña, tanto con anteriores gobiernos locales como con el actual, con empresas del grupo Vendex, investigada en el marco de la operación Pokemon, con el fin de averiguar si se cometieron irregularidades en su adjudicación.

Entre los contratos que requisaron los funcionarios, cuya intervención ordenó la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, en el marco de la Pokemon, se encuentran, según Radio Coruña, los del mantenimiento hidráulico del Aquarium Finisterrae, y la limpieza, conserjería y mantenimiento del centro sociocultural Ágora, firmados por los actuales responsables municipales.

Los agentes aduaneros se llevaron también material informático en la que fue su segunda operación en oficinas municipales coruñesas, ya que en octubre de 2012 acudieron al Concello para exigir el expediente sobre la concesión del servicio de la grúa y la ORA, uno de los diez que gestiona Vendex en la actualidad en A Coruña, adjudicado en 2005, cuando Francisco Vázquez era alcalde de la ciudad.Francisco Vázquezalcalde

"No vamos a escatimar ninguna información, por iniciativa del Ayuntamiento se le van a dar todas las facturas, toda la relación de pagos para que se investigue en profundidad todo lo relacionado con el grupo Vendex", manifestó el alcalde, Carlos Negreira, sobre la actitud de su gobierno hacia la actuación judicial, que comenzó a las 09.00 horas y se prolongó hasta última hora de la tarde. Fue Negreira quien, pasado el mediodía, hizo público el registro de Aduanas en dependencias municipales.

Las oficinas de Vendex en la ciudad, situadas en la calle Cabo Santiago Gómez, fueron también registradas por los agentes de Aduanas, al igual que hace un año, para recabar allí documentación sobre los contratos suscritos con el Ayuntamiento de A Coruña. La juez ordenó también ayer el registro del Concello de Ortigueira, donde ya el pasado mes de febrero se recogieron documentos sobre la concesión a Aquagest del servicio de abastecimiento de agua al municipio. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a través de una portavoz, confirmó que la entrada y el registro había sido ordenado por la juez Pilar de Lara "en el marco de la operación Pokemon". El Tribunal evitó dar más información al tratarse de una investigación bajo secreto de sumario.

La Pokemon, que el pasado septiembre cumplió un añoPokemon, investiga la existencia de una supuesta red que tendría como objetivo la obtención de concesiones y contratos públicos en varias ciudades gallegas, entre las que se encuentra A Coruña. El grupo Vendex ocupa un papel fundamental en esta investigación, ya que a través de sus filiales gestiona numerosos servicios públicos en localidades de la comunidad autónoma y de toda España. Aunque los registros de oficinas municipales comenzaron en septiembre de 2012, las conversaciones telefónicas grabadas por orden de la juez se remontan a principios de ese año o finales del anterior.

El Partido Popular mantuvo desde su llegada a la Alcaldía una actitud crítica hacia la gestión del servicio de la grúa y la ORA por parte de Doal, la filial de Vendex que cuenta con esta concesión, ya que el contrato obliga al Ayuntamiento a compensar a la empresa las pérdidas que sufra. Esa situación comenzó a producirse en mayo de 2008 y a finales de 2011 la cantidad entregada a la concesionaria alcanzó los 2,2 millones de euros, por lo que el Gobierno local anunció que le exigiría un cambio de rumbo radical en su gestión.

Pese al anuncio de Negreira sobre las facilidades que dará a la Justicia para investigar este caso, su partido rechazó en octubre de 2012 la constitución de una comisión de investigación sobre las concesiones otorgadas a Vendex, solicitada por BNG y Esquerda Unida.

Fueron estas dos formaciones las únicas de la oposición que reaccionaron ayer al registro, ya que los socialistas optaron por mantener silencio, al igual que hace un año. Su gestión en los anteriores gobiernos locales es uno de los objetivos de la actuación judicial.

Los nacionalistas reprocharon al PP que si en 2012 hubiera entregado al juzgado toda la documentación municipal en relación con Vendex, no habría sido necesario el regreso de los agentes de Aduanas, por lo que reclamaron al Gobierno local la "máxima colaboración" con la Justicia y una investigación de "cada contrato, caiga quien caiga". El BNG informó además del envío al alcalde de un escrito en el que se solicita toda la documentación sobre Vendex y su publicación en la página web municipal.

Oposición

BNG y Esquerda Unida exigen que la actuación judicial sobre las concesiones llegue hasta el final

Esquerda Unida manifestó que la investigación judicial no debe limitarse a la adjudicación de la concesión de la grúa y ORA, sino también al "control municipal sobre el cumplimiento del pliego de condiciones". Para este grupo municipal, el funcionamiento de ese servicio municipal "no es más que una nueva demostración del pacto encubierto entre PP y PSOE", ya que acusa a los socialistas de ser los "artífices de esta estafa a la ciudadanía" y a los populares de "seguir regalando" fondos públicos a la empresa al mantener la concesión a pesar de sus pérdidas.

85 acusados desde septiembre de 2012

Las cifras del sumario de la operación Pokemon dan una idea de la relevancia de esta investigación judicial, ya que desde que se hizo pública su existencia, en septiembre de 2012, se ha imputado a 85 personas, entre las que figuran los alcaldes de Lugo, Santiago y O Carballiño, así como el anterior regidor de Ourense.

Las concesiones otorgadas a Vendex son la causa de la imputación de 45 personas en esta causa, entre ellas el responsable del grupo Gervasio Rolando Rodríguez Acosta. Tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales son los presuntos delitos de los que se acusa a los implicados, además de diversas irregularidades.