La nueva serie de entrevistas desarrollada por el Gobierno local con las 12 familias aún asentadas en el parque ofimático no alcanza una solución para los afectados, quienes se niegan a aceptar la cantidad fijada por el Ayuntamiento para sus propiedades con el fin de que las vendan y eviten así ser considerados como promotores inmobiliarios. La negativa de estos vecinos a vender sus tierras a las empresas que adquirieron todo el entorno en los años noventa hizo que pasaran a formar parte de la Junta de Compensación del polígono y que ahora se vean obligados a pagar los cuantiosos gastos de urbanización de la zona, así como a abandonar sus viviendas.

Tras el fallo judicial que el pasado mes de diciembre desestimó el recurso de estas familias contra la orden municipal de desalojo, los afectados negocian ahora con el Gobierno local el establecimiento de un precio por sus propiedades, algunas de las cuales deben ser desalojadas para permitir la continuidad de la urbanización del polígono.

José Antonio Sánchez Fraga, uno de los residentes, llegó a encargar una valoración pericial de sus terrenos que ahora rechaza el Ayuntamiento, ya que rebaja sustancialmente el precio, hasta el punto de situarlo por debajo del fijado en el proyecto de reparcelación elaborado para esta iniciativa urbanística. Los afectados aseguran que las cantidades que obtendrían con esta valoración de sus propiedades les impedirían iniciar una nueva vida fuera de sus viviendas y muestran su intranquilidad ante la posibilidad de que se les envíen nuevas órdenes de desalojo tras la caducidad de las que remitió el Ayuntamiento el pasado verano.

"A los desalojados de Penamoa el juez les preguntó por qué habían ocupado las chabolas, pero a nosotros nadie nos pregunta nada", manifestó ayer Sánchez Fraga acerca de la actuación judicial sobre este grupo de vecinos.