Nadie está satisfecho en el parque ofimático. Las cooperativas de vivienda social que ya tienen permisos para construir todavía no han podido iniciar las obras aunque están en condiciones de hacerlo. Los residentes que aún se mantienen en sus casas pese a cargar con órdenes judiciales de desalojo no consiguen encontrar un lugar donde reubicarse por falta de acuerdo con el Ayuntamiento. Y las administraciones -Concello y Xunta- no son capaces de agilizar las relaciones entre los actores de este culebrón urbanístico en el que están implicados y dejan sin plazo la solución al conflicto. Los últimos en protestar son el centenar de familias agrupadas en las cooperativas A Carnocha y Eirís Ofimático, quienes advierten al Concello de que se "verán forzadas a emprender acciones legales contra el Ayuntamiento y contra aquellos vecinos de la zona que impiden el comienzo de las obras".

La presión de las agrupaciones ya se dejó notar a finales del año pasado. A Carnocha envió una carta a dos familias de residentes para advertirlas de que si en un plazo de cinco días no abandonaban sus inmuebles serían demandadas. Defendía su portavoz que tenían licencia desde hacía cinco meses para construir sus pisos y que cada día que pasaba debían hacer frente a más gastos. Ahora la misma cooperativa, junto a Eirís Ofimático, dirige sus quejas contra "las distintas administraciones", a las que demanda "una mayor implicación" para que los afectados puedan empezar a levantar sus "legítimas viviendas".

"Nosotros también tenemos derecho a que no se retrase la urbanización. Pedimos al Ayuntamiento que cumpla con la Justicia porque nos perjudica que no se cumplan sentencias que son justas, a no ser que los jueces las hagan injustas para quien les convenga. No puede haber discriminación al aplicar la legalidad", reclamó ayer el director de la gestora de la cooperativa Eirís Ofimático, Benito González.

Este representante fue también crítico con los vecinos que aún no han abandonado sus viviendas pese a haber recibido sentencias judiciales con órdenes de desalojo desde el pasado verano. "Hay señores que en su día no quisieron vender sus parcelas porque les parecía poco lo que iban a obtener por ellas y ahora quieren aparentar que son ellos los perjudicados", señaló.

González admite que la cooperativa que gestiona quiere evitar la vía judicial para reclamar soluciones urgentes a Xunta y Concello, al que ve "temeroso por la situación que está viviendo" y al que pide que no sea demagógico en este asunto. "La falta de acuerdo entre vecinos y Ayuntamiento y la no ejecución de la sentencia de desalojo existente han dilatado en el tiempo esta situación, provocando perjuicios económicos a cooperativas", sentencia.

Las posibles soluciones, mientras tanto, sufren nuevos retrasos. Los vecinos que esperan que el Gobierno local les facilite una salida esperanzadora debían reunirse esta semana con un abogado ofrecido por el Concello para tratar su situación -apremiante tras tener que afrontar la segunda cuota de obra del polígono-, pero no han sido llamados a ese encuentro. La semana anterior fueron recibidos por el alcalde, Carlos Negreira, quien les prometió progresos que no avanzan a la velocidad deseada.

Desde el Ayuntamiento tampoco hay novedades. El concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, reconoció ayer que llegar a una solución "es muy difícil en estos tiempos". "Tenemos el problema de unos vecinos que viven allí y no dejan sus casas. Legalmente no tienen derecho a estar ahí, pero trabajamos para dar solución al problema de vivienda que tienen. Además están en el ámbito justo donde quieren construir los cooperativistas, por lo que retrasan su entrada", resumió.