Todas las cooperativas propietarias de terrenos en el parque ofimático, cuatro, ya tienen sus respectivas licencias de construcción, después de que el pasado viernes el Ejecutivo municipal aprobase la concesión del permiso urbanístico a la única que le faltaba. Pero haber cumplido este trámite, para el que alguna sociedad ha tenido que esperar tres años, no supone la eliminación de obstáculos a sus proyectos para instalarse en el polígono en viviendas de protección oficial (VPO).

La permanencia de residentes originales en sus parcelas y las dificultades para cerrar la financiación de sus planes de construcción, en muchos casos propiciadas por los propios bancos, constatan que la obtención de licencia no era el único requisito indispensable para llevar adelante sus propósitos urbanísticos. "Nuestro camino es una carrera de largo aliento. Hay que resistir, y sobre todo, cooperar", resumía ayer el responsable de una de las cooperativas.

Cofuncovi. Es la última sociedad de propietarios a la que se le ha otorgado licencia. Solicitó dos para sendos inmuebles de 78 y 69 viviendas, de las que quedan unas veinte por adjudicar. Está tratando de cerrar con los bancos la financiación de unos pisos protegidos que valora en 140.000 euros sin IVA. El préstamo total se iría a unos 22 millones de euros, calcula el presidente de esta cooperativa, José Ramón Mosquera. En cuanto tenga garantizado el respaldo financiero se decantará por una de las constructoras a las que ha consultado mientras aguardaba por la autorización. Concello y arquitecto ultimarían después los últimos requisitos antes de empezar a edificar. Ningún bloque ocupa parcelas de los vecinos que aún residen en el parque.

EA Carnocha. En mayo pasado obtuvo la licencia y ya tiene empresa constructora y dinero para afrontar la ejecución, 2,5 millones de euros. Los socios abonan sus cuotas desde finales del año pasado. Su proyecto comprende 25 pisos y dos bajos comerciales, todos adjudicados y repartidos en tres bloques. "Esta es la actuación urbanística más importante y cuantiosa de la ciudad y no puede estar parada. Hay que llegar a una solución amigable que contente a todas las partes o si no ejecutar los desalojos que dicta el juez", propone el presidente de A Carnocha, Luciano Ron, para poner fin al conflicto con los vecinos, que ocupan terreno donde se levantarían sus futuros inmuebles.

EEirís Ofimático. Como A Carnocha, demanda al Ayuntamiento que resuelva el conflicto con los residentes que no han abandonado sus casas para favorecer sus intereses urbanísticos y para que la postura vecinal no suponga a mayores un problema para la financiación. En los bancos también se tropiezan con piedras. "De las cuatro entidades que en octubre de 2013 firmaron un convenio con la Xunta para financiar VPO, dos te reciben diciendo que están abiertos a estudiar propuestas, pero solo una ha dado dinero hasta ahora. De las otras dos, pese a haber firmado, una te recibe pero muy educadamente te dice que no te financia; la otra ni te escucha ni mira la documentación que le envías, te da con la puerta en las narices", revela el gestor de la sociedad, Benito González. Eirís Ofimático tiene permiso para levantar un bloque de 80 viviendas y está pendiente de cerrar el préstamo y asegurar una constructora. "Los bancos te venden paraguas cuando no llueve", se queja el responsable de la cooperativa.

Parque Ofimático. Ajena a la polémica con los residentes. Su licencia le permitirá construir en suelo libre un bloque de 76 pisos y dos locales comerciales justo en la parcela central del terreno que ocupa el polígono. Tiene comprador para todas las viviendas, pero hasta "dentro de una semana o diez días" no tendrá asegurada la financiación bancaria ni la asignación a una constructora, según cuenta su presidente, Pedro Espiño.

El intermediario que escuchará los problemas individuales de las trece familias que no se han movido de sus viviendas en el parque ofimático pese a contar con órdenes de desalojo desde mediados del año pasado serán escuchados esta tarde por José Luis Meilán Gil, el abogado escogido por el Ayuntamiento para tratar de resolver la problemática situación de los vecinos.

Meilán, exrector de la Universidade da Coruña, se encargará de promover o facilitar una solución que permita a los residentes, que ya han tenido que afrontar el pago de cuotas de urbanización, abandonar sus terrenos con la garantía de poder ocupar una vivienda provisional durante la construcción de viviendas en el polígono.

Algunas familias, acuciadas por problemas personales o cansadas de esperar un remedio a sus casos, ya entregaron las llaves de sus inmuebles en el Ayuntamiento y las máquinas que están en el ofimático procedieron a su derribo. Pero todavía resisten más de una docena que no están dispuestas a dejar el lugar sin la reubicación garantizada.

El alcalde, Carlos Negreira, prometió a estos vecinos hace más de un mes que se reuniría con ellos para alcanzar una postura de acuerdo, pero tras un primer contacto poco después delegó la mediación en la figura de un abogado que hasta hoy no ha escuchado directamente a los afectados. "No escatimaremos esfuerzos en arreglar el asunto, pero la situación es complicada", admitía el viernes el concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado.

Antes de la elección de Meilán Gil, el Concello había escogido a otro letrado, Antonio Platas, como "facilitador" en el conflicto. Eso ocurrió en junio pasado, justo el día en el que Platas sufrió un grave problema de salud. Su relevo llega ahora.