Las quejas expresadas por la Asociación de Pais e Nais (ANPA) de la escuela infantil municipal Arela sobre el nuevo reglamento de estos centros elaborado por el Gobierno local se traducirán en una ampliación del texto que garantizará la admisión de todos los niños con necesidades educativas especiales, sin la limitación de uno como máximo por aula que establece la propuesta inicial. Para que estos menores puedan ser matriculados en las guarderías, el informe médico o el del equipo de orientación deberá aconsejar la escolarización del niño, según explicó el Gobierno local al presidente de la ANPA, José Sabín.

Con la redacción inicial del reglamento, el Ayuntamiento exigía hasta ahora un informe que certifique las necesidades del alumno, así como otro de la dirección del centro en el que se analice si cuenta con los medios estructurales, materiales y humanos para atenderle. Estos documentos deben ser estudiados por la Comisión de Escolarización para decidir si finalmente el niño puede ser admitido en la escuela infantil para la que sus padres solicitan plaza. Pero el reglamento incluye además un apartado en el que se restringe a uno por aula el número de alumnos con necesidades educativas especiales, con la salvedad de que esta limitación "será valorada" por la comisión al tener en cuenta el tipo de discapacidad y los recursos disponibles en cada escuela.

"Nos dijeron que estaban muy sensibilizados con este problema y que el reglamento había mejorado mucho con relación al de 2008", comenta José Sabín acerca de la información recibida del Gobierno local, que le explicó además que la actual redacción del reglamento ya aseguraba la escolarización de todos los niños con necesidades especiales, pese a lo cual se añadirá un nuevo punto que clarifique esta cuestión.

La ANPA había presentado una alegación al reglamento en el que lo calificaba de "discriminatorio" hacia los niños con necesidades educativas especiales y en la que advertía de que la limitación a un alumno de este tipo por aula sienta un "precedente muy negativo" para su admisión, ya que la escolarización no es obligatoria hasta los tres años.

La asociación destacaba que la imposición de un alumno con necesidades especiales por clase es contraria a la igualdad de derechos y a la integración social, por lo que reclamaba una modificación del reglamento de las escuelas.

La presentación de esta alegación fue respondida de forma pública la semana pasada por el concejal de Educación, Francisco Mourelo, quien aseguró que todos los menores con cualquier clase de discapacidad "tendrán la plaza asegurada independientemente de los medios con los que pueda contar" cada una de las escuelas infantiles municipales. "Les transmito a los padres que tendrán la plena garantía de que un niño con discapacidad no va a ser privado de su derecho. Será atendido siempre", manifestó Mourelo en relación con la normativa de estos centros.