El departamento de Urbanismo del Ayuntamiento ha solicitado a través de un decreto directivo la autorización judicial para entrar en las viviendas y edificaciones de tres parcelas del parque ofimático a cuyos propietarios todavía no les ha remitido una solución. Aunque el informe de un abogado finalmente consensuado por todos los grupos políticos a finales de marzo planteaba el punto de partida para que cada residente en el polígono al que se pretende desalojar recibiese una compensación o una alternativa de vivienda, los afectados siguen sin conocer las propuestas del Concello, que pasaban por opciones como la gestión del aprovechamiento de sus tierras a través de la Empresa Municipal de Vivienda (Emvsa). Y mientras esperan por una solución, ahora se enteran de que el Gobierno municipal se dispone a apurar la salida de sus fincas.

El decreto, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), alude a las parcelas de origen 279, 280 y 284 como aquellas a las que al Concello le interesa desocupar para proseguir con la urbanización del parque ofimático. El punto tercero del texto advierte a los propietarios de que "la falta de desalojo voluntario en los plazos indicados y la ausencia de autorización para el acceso a las fincas cerradas y en las que se encuentre alguna construcción habitada legitima a la Administración municipal a para la ejecución forzosa del acto, previa la autorización judicial cuando sea necesario".

Uno de los afectados es José Antonio Sánchez Fraga, dueño de la parcela 279 junto a su esposa. Asume que la Administración le va a echar de sus terrenos, pero como Emvsa aún no ha facilitado ninguna solución concreta a su situación no entregará las llaves de su vivienda hasta que no reciba la orden judicial correspondiente.

"No vamos a recurrir porque eso nos supondría afrontar otra multa y ya pagamos una. Mientras no haya una sentencia del juez nosotros no dejamos la propiedad. O que nos consigan por fin una de las soluciones que planteaba el informe del abogado Meilán Gil", insiste Sánchez Fraga, quien sí admite que ya ha permitido a las autoridades acceder a la parcela que ocupaba su huerto.

Este vecino añade que la semana pasada mantuvo una conversación con el concejal de Infraestructuras, Martín Fernández Prado, quien, según él, le reconoció que se van dando pasos, pero "muy lentos", para encontrar una solución para los residentes afectados. "Para pagar los problemas judiciales con Fontenla el Ayuntamiento buscó dinero enseguida, pero para cuatro ciudadanos como nosotros todo va mucho más despacio", denuncia Sánchez Fraga, que reclama que Emvsa, como recoge el informe de Meilán Gil, compre el aprovechamiento urbanístico de sus fincas para que los afectados pueden construir sus futuras viviendas.

Otras tres personas están advertidas por el decreto. Antes que ellas el Concello procedió a desalojar, el pasado 1 de abril, a Manuel Ramallo, un octogenario que llevaba más de media vida viviendo en el ofimático. Las máquinas trabajan desde entonces en sus antiguas tierras.