El BNG denuncia que los vecinos de la ciudad tienen que asumir el coste de los sucesivos recursos que interpuso el Concello para tratar de no acatar la sentencia del Supremo. Además, los nacionalistas critican que los informes periciales que encargó el Ayuntamiento para intentar alegar que el fallo era inejecutable sirvieron "para lo contrario" y le costaron a las arcas públicas 38.829 euros.
El Gobierno local, a pesar de que contra la sentencia no cabe recurso, se empecina en evitar la demolición del inmueble. Así, asegura que "confía" en evitar el derribo, pero sin concretar cómo.
