El Consello Consultivo ha tumbado la hoja de ruta del Gobierno local para recuperar la antigua prisión provincial sin abonar por el edificio los 1,2 millones pactados en un convenio en 2005, que firmó el alcalde Francisco Vázquez con Instituciones Penitenciarias. El ente fiscalizador ni siquiera ha llegado a analizar el contenido del acuerdo de revisión de oficio que salió del pleno municipal del pasado mayo, al entender que el Ejecutivo cometió un error en este trámite y es el alcalde el único competente para tomar esta decisión. El revés municipal y la falta de entendimiento con el Ministerio de Interior siguen aplazando sine die la solución para el deterioro del edificio, abocada además a dirimirse en los tribunales por la contundente oposición del Gobierno central, del PP, a ceder la cárcel de la Torre sin recibir la cantidad acordada.

El pleno de mayo aprobó la revisión de oficio del convenio suscrito en 2005, con los votos a favor de PP y EU, en contra de PSOE y la abstención del BNG. El Concello plantea una modificación del acuerdo con Instituciones Penitenciarias, en virtud de la cesión gratuita y "modal" (para un uso determinado) que hizo la ciudad en 1925. El pacto rubricado hace casi diez años establece que la prisión se sería devuelta al Gobierno local a cambio de unos terrenos próximos para instalar un centro de reinserción social -ya operativo junto a las cocheras de Tranvías- y el pago de 1,2 millones, por la diferencia de valor entre las parcelas, una cantidad que nunca llego a ser presupuestada.

Tras la votación en la sesión plenaria de mayo, la concejal de Interior, Rosa Gallego, señaló que se solicitaría un informe al Consello Consultivo, defendiendo que el convenio es nulo también porque no contó con los informes de la asesoría jurídica ni el interventor y no fue sometido a la votación de la Corporación en pleno.

Pero la estrategia ha fallado debido, según el Consultivo, a los pasos seguidos por el Gobierno local para recuperar la prisión de balde. El Consello -ente autónomo de control de actos administrativos- considera en su resolución que la Ley de Bases de Régimen Local, en cuanto a los municipios de gran población, establece que "el único órgano competente para revisar sus actos sería el propio órgano que los dictó". Esto es, interpreta que, al ser un convenio firmado por el alcalde Francisco Vázquez, debe ser el regidor, en este caso Carlos Negreira, el que inicie la revisión de oficio.

"Esta competencia correspondería al alcalde y no al pleno", concluye en su informe "desfavorable" sobre las intenciones del Gobierno municipal en torno a la antigua prisión provincial, sin actividad desde hace casi dos décadas. El Consultivo, sin embargo, no cierra la puerta con llave. "Si se considera procedente", aclara, se puede iniciar un nuevo trámite de revisión de oficio, pero "por el órgano competente", esto es, Alcaldía. El fallo en contra de los intereses del Ayuntamiento está fechado el pasado 28 de agosto, pero ninguna instancia del Ayuntamiento coruñés ha informado durante estos meses sobre el asunto que el propio Gobierno municipal llevó a pleno en mayo.

Tanto Instituciones Penitenciarias, con quien se selló el convenio en 2005, como la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), a quien se traspasó la titularidad de la penitenciaría posteriormente, están dispuestas a llegar a los tribunales para conseguir que se cumpla los términos pactados por el exalcalde socialista. Ambos entes, bajo el ala del Ministerio de Interior, comparten que la declaración de nulidad pretendida por el Ayuntamiento es contraria "a la buena fe y la equidad, puesto que han transcurrido más de ocho años desde la firma del convenio". Además, argumentan, ellos ya han ejecutado parte de dicho convenio, construyendo el Centro de Inserción Social junto a cocheras.

El Gobierno municipal, que critica el pacto porque "obliga a pagar dos veces por lo mismo", esperará a que se resuelva el conflicto para decidir sobre el futuro del inmueble. En el pleno, el PSOE votó en contra de la propuesta y reprochó al PP que no actúe con todos los edificios históricos del mismo modo, en referencia a la Fábrica de Tabacos. El BNG se abstuvo e invitó al Gobierno local a promover la nulidad del acuerdo por otras causas al dudar de las incluidas en su iniciativa. Esquerda Unida alertó, por su parte, de la posible judicialización de este caso.

La SIEP contrató el mantenimiento y limpieza de la cárcel después de que el Concello exigiese la presentación de la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE). El resto de decisiones para evitar la destrucción del histórico inmueble a los pies del faro se ha limitado, por el momento, a los despachos.