El empresario Gerardo Crespo, imputado por el supuesto cobro fraudulento de subvenciones destinadas a formación a través de diversas empresas y asociaciones sin ánimo de lucro, tenía vocación expansiva. Desde una asociación de empresarios discapacitados fundada en Galicia en 2006 creó una red que se extendió por toda España para, según concluye la investigación judicial, "optar a un abanico más amplio de subvenciones, tanto estatales como autonómicas y locales". Tal fue el crecimiento, que solo Aragón, Murcia y Melilla salieron indemnes. Los investigadores concluyen que alquilaba sedes falsas por las que pagaba 300 euros al año pero que ni empleados tenían, salvo la de Galicia y la de Madrid.
El acta fundacional de la Asociación de Empresarios Discapacitados (AED) está fechada el 5 de julio de 2006, con Crespo como presidente. "Con posterioridad se fue expandiendo la asociación a otras ciudades gallegas en un primer momento y más tarde a la práctica totalidad de comunidades autónomas de España, con la salvedad de Aragón, Murcia y Melilla", señala el sumario. El fin era, prosiguen los investigadores, "aumentar la representatividad de la misma y así optar a un abanico más amplio de subvenciones" de todas las administraciones.
El nombre de la asociación fue mutando, de AED a ATD (Asociación de Trabajadores Autónomos), y finalmente "se intentó constituir en una confederación" de todas las agrupaciones, la Confederación de Asociaciones de Empresarios Discapacitados de España, "constatándose que se habrían unido Galicia, Madrid y La Rioja". Los estatutos son comunes al germen gallego de la red y establecían "la carencia de ánimo de lucro" y el objeto de "defender, representar, garantizar e impulsar las actividades de los trabajadores autónomos discapacitados de España, organizando eventos, jornadas, cursos, publicando revistas y asesorando a socios integrantes de la misma". Los socios tenían que acreditar su condición de autónomos y de personas con diversidad funcional y aportar una cuota.
"Por parte de la investigación no se ha encontrado documento alguno en el que se constate de forma documental los requisitos antes exigidos para formar parte", indican las conclusiones parciales, "así como tampoco en los que se constate el pago de las cuotas de los socios".
Para la investigación, dichos aspectos resultan "de interés" porque, "según reconocía el propio Crespo en conversaciones telefónicas intervenidas, todo era un montaje, que se carecía de socios reales, ya que se compraba la existencia de personas por internet para presentar socios, de ahí la inexistencia de cuotas y documentos acreditativos de la condición de trabajador".
Los libros de actas, añaden, se encuentran sin firmar por parte de los miembros de la Junta, "creyendo esta instrucción que las asambleas y reuniones de las juntas directivas no se llevaban a cabo, demostrando la falta de actividad real".
El sumario recopila hasta 16 contratos de arrendamiento en distintas urbes españolas, "todos ellos firmados por Gerardo Crespo en fechas similares". Los instructores creen que los contratos "no se corresponden con la realidad, sino que se confeccionaron con la connivencia de los arrendadores". Sospechan que los propietarios de los locales conocían que las asociaciones carecían de actividad real y que recibían "en la mayoría de los casos 300 euros al año". "Se hizo para aparentar el despliegue en gran parte del territorio nacional", concluyen los investigadores. Se ubicaban, en muchos de los casos, en despachos de viveros de empresas o centros de negocios o incluso en centros de formación en uso que sí tenían actividad propia y a los que se les pagaba "para conseguir una representatividad mayor".
La sede gallega se estableció en la coruñesa plaza del Libro, "lugar donde consta el domicilio paterno" de Crespo. En Logroño usó el centro de negocios El Ventanal; en Ceuta, el vivero de empresas de la ciudad autónoma; en Cataluña firmó un contrato por un bajo en Girona; en Navarra, en el polígono industrial municipal de Tudela; en Castilla La Mancha eligió Ciudad Real y en Castilla y León, Zamora. En Asturias estableció su domicilio social en la calle Carretera Vizcaína de Gijón. El resto de ayuntamientos de la red son Santander, Jaén, Irún, Manacor (Mallorca), Telde (Gran Canaria) y Alicante. En el caso de Madrid y Jaén, sede de AED en Andalucía, compartían dirección con otra de las entidades creadas por Crespo, la fundación Fundefo. Además de Galicia, en la que estaba registrado un trabajador, solo consta plantilla en Madrid, con un total de siete empleados, todos dados de alta en 2010.
Los investigadores relatan en el sumario los indicios que les hacen creer que se trataban de sedes fantasma. En el caso de La Rioja, por ejemplo, incluyen un escrito de la Universidad de La Rioja solicitando datos de la asociación con un post-it que reza: "No contesto al cuestionario porque en La Rioja no hay nadie, ni tampoco una plaquita con el nombre de AED ni nada, además la web está en construcción".
Respecto a la AED de Andalucía, se incluye en el sumario un documento de la Junta en la que se revoca la inscripción de AED Andalucía en el registro de asociaciones de trabajo autónomo "por carecer de trabajadores residiendo en dicha comunidad".
