El interventor provincial realizará una auditoría interna sobre los contratos y subvenciones a las empresas y entidades implicadas en la operación Zeta, que, presuntamente, se dedicaban a defraudar subvenciones para cursos de formación. El pleno adoptó este acuerdo por unanimidad a instancias del BNG, que presentó una moción en la que exigía también que se amortizase la plaza de director de Áreas de Servicios Provinciais, adjudicada a dedo al exdirector de Traballo Luis Álvarez Freijido, -investigado en la trama- y que se abriese un expediente disciplinario a los funcionarios "presuntamente implicados en la operación".

Los dos últimos puntos no prosperaron. El PP se opuso a ambos y el PSOE solo respaldó la propuesta de amortizar la plaza de libre designación que ocupaba Freijido, que dimitió recientemente. Socialistas y populares se mostraron contrarios a adoptar ningún tipo de medida administrativa cautelar contra los dos funcionarios mencionados en el sumario con la investigación judicial en curso. "Hay un proceso abierto por hechos que en nada tienen que ver con su actividad en la Diputación y ni siquiera están imputados", recalcó el portavoz del PP, Manuel Ruiz Rivas.

Aunque todos los partidos coincidieron en la necesidad de ofrecer transparencia ante una trama que "indigna a la ciudadanía", el debate derivó en un cruce de reproches, sobre todo entre populares y nacionalistas. El Gobierno provincial acusó al BNG de pretender obtener réditos políticos con su moción. "Estamos tan indignados por esta trama como cualquier ciudadano. Es verdad que en política hay sinvergüenzas, pero aparentar que la Diputación tiene algo que ver en esto es una grave irresponsabilidad. Los políticos responsables no debemos seguir con la marea negra más allá de lo imprescindible", argumentó el portavoz popular, que alertó: "con esto se eleva una sombra sobre funcionarios y políticos".

Aunque la auditoría se remontará solo hasta el año 2006, el PP hizo público ayer un "esbozo" de los contratos y subvenciones concedidos a las empresas implicadas en esta trama de cursos falsos desde el año 2003. Los populares contrapusieron los 13 contratos a Gecreri, las dos subvenciones a Feaga y otras tantas a Caype durante el bipartito (2003-2010), con las concedidas durante el mandato del PP, a partir de 2011 (un año antes de que trascendiese la investigación judicial). El PP informó al pleno de que ese año se concedió un contrato a Gecreri perteneciente a la Rede Xiana y dos subvenciones a Feaga en 2012 y 2013 que finalmente no fueron abonadas porque no se justificaron los gastos. Los populares recalcaron que su contrato fue otorgado por concurso abierto sin ofrecer ningún tipo de información sobre el procedimiento empleado por sus antecesores.

Todos los grupos pusieron en relieve la profesionalidad y rigor de los técnicos provinciales, pero también este punto dio pie a un cruce de reproches. El BNG criticó nuevamente el nombramiento a dedo de los directores de área y el PP se defendió recordando que Luis Álvarez Freijido había sido designado por libre designación por la Xunta del bipartito en el área de Benestar. Un y tú más que indignó a los nacionalistas, que negaron saber que Freijido hubiese trabajado para el bipartito. "Aquí hablamos de la operación Zeta", recalcó su portavoz, Xosé Regueira, le afeó al presidente de la Diputación los correos que aparecen entre el presunto cabecilla de la trama, Gerardo Crespo, y el por entonces senador José Manuel Romay Beccaría, sobre el contrato de Rede Xiana en los que el ahora presidente del Consejo de Estado sostenía que había dado traslado a Diego Calvo. "Pregúntele a los autores de los correos, no voy a entrar en esa discusión".