El Consello Consultivo cree que el exalcalde Francisco Vázquez firmó con el Ministerio de Interior el convenio de 2005 para la recuperación de la vieja prisión provincial sin aportar "los informes y las consideraciones técnicas, económicas y jurídicas que justifican la necesidad de realizar la adquisición [del penal] mediante permuta" de los terrenos que se recogen en el acuerdo. Este es uno de los motivos que se señalan en el informe del Consultivo que avala la reversión gratuita a favor del Concello del antiguo penal provincial, ahora en manos de Interior.
Para poder recuperar la cárcel, el acuerdo obligaba al Concello a pagar al Ministerio 1,2 millones de euros y a entregarle unos terrenos próximos a Cocheras para la creación de un centro de inserción social, hoy construido. El organismo afirma que el convenio solo cuenta con un anexo en el que se recoge la valoración de estos bienes objeto de permuta pero no una justificación de la necesidad de realizar este intercambio.
El Consultivo también dictamina, en aplicación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local , que Francisco Vázquez carecía de competencias para la firma de este convenio y que la rúbrica debería haber sido realizada por la Junta de Gobierno local. El Consello desecha así la alegación presentada por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), dependiente del Ejecutivo central y titular de la cárcel, consistente en que se estaba incurriendo en un "vicio de competencia jerárquica susceptible de valoración". El Consultivo niega así la existencia de una jerarquía entre los órganos municipales y apunta a su funcionamiento de acuerdo al principio de competencia administrativa.
Otro de los puntos alegados por el SIEP es el de que la revisión de oficio del convenio de 2005 no puede realizarse como consecuencia del tiempo transcurrido. Desde el Consultivo creen que el transcurso del tiempo, en este caso, "puede no ser razón suficiente para no ejercer las facultades de revisión".
El análisis favorable del Consello Consultivo es un requisito indispensable para que una Administración pública pueda proceder a una revisión de oficio de acuerdo firmado en el pasado. El Gobierno municipal asegura que "en las próximas semanas" el alcalde, Carlos Negreira, firmará el decreto que declara la anulación de este convenio de 2005.
El de la prisión provincial es el gran frente abierto entre el Concello y la Administración central. El Gobierno de Negreira entiende que no tiene que pagar ni un céntimo para recuperar la prisión porque, conforme a un acuerdo de 1925, los terrenos fueron cedidos al Gobierno central para levantar una cárcel que, ahora abandonada, debe volver a manos del Concello de forma gratuita.
El asunto ya pasó por los tribunales. A finales de octubre, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de A Coruña anuló la decisión de la Junta de Gobierno Local de iniciar la reversión gratuita, después de que el SIEP interpusiese un recurso contra el acuerdo del Concello. La sentencia, pese a reconocer que "desaparecida la causa que justificó la cesión -al estar ya la cárcel cerrada- la entidad local donante o cedente puede ejercitar la reversión", dio finalmente la razón a Instituciones Penitenciarias al entender que la firma en 2005 de ese convenio supuso "la pérdida del derecho que hasta entonces tenía la entidad local de poder ejercer la reversión de un bien que ya no era suyo". Tras conocerse este fallo, el Gobierno municipal aseguró que "probablemente" recurrirán al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Pese a que este convenio fue firmado por el exregidor Francisco Vázquez, el actual alcalde, Carlos Negreira, eludió siempre criticarlo, si bien acusó de "pasividad" ante el estado de las instalaciones al posterior gobierno de coalición entre PSOE y BNG.
Después de años de abandono, la antigua cárcel ha sufrido un importante deterioro de su estructura que ha hecho sonar las alarmas de vecinos, colectivos sociales y arquitectos. La SIEP tuvo que contratar en los últimos meses el mantenimiento y limpieza de la prisión después de que el Concello exigiese la presentación de la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE). La reacción municipal llegó después de varias denuncias de vecinos del barrio que alertaron de la aparición de grietas, caída de cascotes e incluso de una colmena de abejas que afectaba a los usuarios del parque situado junto al penal.
