El Gobierno local de Carlos Negreira le ha cogido gusto al último minuto de este mandato. Con la bocina electoral a punto de sonar, el alcalde se ha volcado en un frenesí inaugurador de obras y anunciador de nuevos proyectos que, en su mayoría, no pasan de promesas porque, como mínimo, el Ayuntamiento ni siquiera ha licitado su contratación, y su desarrollo no comenzará hasta después de la toma de posesión.
A la inauguración en el límite legal para hacerlo, apurando al máximo las obras para llegar a tiempo, y a las promesas de nuevos proyectos, más propias de un programa electoral que de uno de gobierno, Negreira le llama "gobernar hasta el último minuto". Es la misma estrategia a la que también ha recurrido en los tres grandes "embolados", como él los denominó, que heredó de los gobiernos vazquistas: la gestión de la planta de basuras, el desarrollo urbanístico de Someso y la ilegal construcción del edificio conde de Fenosa. Tras cuatro años de mandato, estos "embolados", con un coste económico para el Ayuntamiento todavía por concretar, constituirán parte de la herencia de Negreira al Gobierno local que tome las riendas de la ciudad después de las elecciones municipales del 24 de mayo.
El Ayuntamiento ha encargado el proyecto de legalización del edificio Fenosa que la Justicia le ha exigido en innumerables ocasiones, pero, tras cuatro años con requiebros legales para intentar evitar la demolición, éste no estará finalizado hasta el verano. El Gobierno local, además, ha aguardado hasta el final para emprender el proceso de declaración de lesividad del acuerdo por el que el anterior Gobierno local acordó, en 2011, abonar 3,37 millones de euros anuales durante una década a la concesionaria de la planta de basuras al estimar parcialmente su solicitud para recuperar el equilibrio económico. Negreira tenía cuatro años para declarar lesivo el acuerdo de Losada y ha comenzado el procedimiento a un mes de que venciera el plazo. Sobre la lesividad, a la que se opone la concesionaria de la planta, deberán resolver los tribunales, cuya sentencia llegará ya pasado el actual mandato.
La decisión final del Ejecutivo local sobre Someso también llega en el último suspiro del mandato, después de idas y venidas, medias tintas, y falta de contundencia municipal con una gestión urbanística, gestada con Francisco Vázquez empuñando el bastón de mando de la ciudad, que le ha costado a las arcas municipales unos cincuenta millones de euros, según un informe encargado por el actual Gobierno local al poco de tomar posesión.
Aquel vigoroso arranque para esclarecer la verdad y las responsabilidades políticas en Someso se debilitó cuando el informe apuntó a Vázquez como único cargo municipal al que se podía responsabilizar de esta gestión urbanística. Con la auditoría en la mano, acudió sin más a la Fiscalía, que archivó las diligencias abiertas al poco de recibir el informe municipal porque el Gobierno local no denunciaba ni nada ni a nadie. Ahí se quedó su estrategia de defensa de los intereses de los coruñeses, hasta que una denuncia del grupo municipal del BNG ante el Tribunal de Cuentas le obligó a intervenir de nuevo. Dando bandazos.
Su primera reacción fue oponerse a la demanda del Bloque con el argumento de que los hechos denunciados ni revestían responsabilidad contable ni habían producido daños a la Hacienda pública. Un par de semanas después su estrategia jurídica mudó a que Cuentas investigase lo que tuviese que investigar, pero bajo la premisa municipal de que la causa iniciada por el BNG debía ser archivada porque los hechos recogidos no eran ni concretos ni precisos. Dos años después, con la decisión firme del Tribunal de Cuentas de abrir juicio y a las puertas de las elecciones municipales, el Gobierno local se sumó, en enero pasado, a la denuncia del Bloque y defendió un daño a la Hacienda municipal de 19,2 millones de euros. Ahora, da un paso más y concreta la denuncia que se había resistido a interponer, al señalar directamente al exalcalde Francisco Vázquez y seis concejales de su gobierno como responsables de unos acuerdos que supusieron a las arcas municipales un quebranto de algo menos de veinte millones de euros.
Su denuncia ante Cuentas, que no habría llegado a interponer si antes el Bloque no hubiera presentado demanda ante el Tribunal, se resolverá agotada ya este mandato. Suena a lavado de cara al final del camino. Para que la limpieza sea total, el propio Tribunal de Cuentas ya le ha advertido qué paso debe dar: anular los acuerdos de la era Vázquez para que dejen de estar en vigor y puedan ser juzgados. El mismo argumento que ha ofrecido la Fiscalía para oponerse al juicio contable. Sin ese paso, según advierte Cuentas, la denuncia ahora presentada contra Vázquez y su gobierno amenaza con quedarse en un brindis al sol.
