La decisión del alcalde, Carlos Negreira, de denunciar a Francisco Vázquez y a otros seis ediles socialistas ante el Tribunal de Cuentas para que asuman la responsabilidad económica de Someso, tasada en 19,2 millones de euros, ha evidenciado posturas bien distintas entre el Gobierno y los partidos de la oposición acerca de cual debiera ser la estrategia a seguir por el Gobierno municipal. Incluso aquellos que durante los últimos cuatro años han permanecido en la trinchera contra los conservadores han manifestado en la última semana un criterio diferente.

ELa inconcreción del PP. Por primera vez en la legislatura y tras cuatro años esquivando señalarlo directamente, el Ejecutivo local indicó a Cuentas que son Vázquez y seis de sus ediles -entre los que se encuentra la candidata del PSOE a la Alcaldía, Mar Barcón- los que deben pagar los casi 20 millones que, según informe encargado a una funcionaria, se perdieron por el camino de la tramitación. Lo hace, sin embargo, negándose a revisar los acuerdos tomados en 2004, 2005 y 2006 por aquel Gobierno vazquista, claves en la tramitación del polígono. Y eso que el Tribunal de Cuentas advirtió en diciembre de 2014, que la anulación administrativa de aquellas decisiones es un elemento "decisivo" para poder dirimir las posibles culpabilidades, un criterio que el alcalde pone en duda. "He pedido para ver si el Tribunal de Cuentas decía eso y me han dicho que no existe ningún párrafo donde diga eso, pero podría ser que lo dijera y en todo caso sería su opinión, que yo tengo que contrastar con los servicios jurídicos del Ayuntamiento", manifestó el regidor coruñés el pasado martes. La decisión de anular los acuerdos, por el momento, está descartado. El alcalde atribuyó la pasada semana la decisión a los "servicios jurídicos" desvinculándola de cualquier motivación política. "Nuestro objetivo siempre ha sido esclarecer los hechos y desde luego intentar que los coruñeses no sufran penalizaciones económicas por cuestiones que se hayan hecho en otros gobiernos", afirmó.

EEl silencio socialista. El PSOE no quiso hacer valoraciones acerca de la demanda del Gobierno local, que apunta directamente a su etapa en el Ejecutivo y, más concretamente, contra la actual candidata a la Alcaldía, Mar Barcón, edil durante los años de Vázquez. La socialista acusó al alcalde de, con este movimiento, querer tapar la operación Pokemon después de que Negreira fuese señalado por primera vez por la juez como, sospecha Pilar de Lara, conocedor de la supuesta política de "recomendaciones" en contratas municipales de Vendex. "A mí me parece que el señor Negreira está utilizando una cortina de humo para evitar hablar de Pokemon y su aparición en el sumario y de la práctica totalidad de su Gobierno", despachó Barcón.

EEl BNG insiste en la revisión. Los nacionalistas del BNG, gracias a a cuya denuncia de 2013 se inició todo el proceso, consideran que la demanda presentada ahora por el Concello es insuficiente si no se procede a revisar de oficio los acuerdos municipales tomados en 2004, 2005 y 2006. La formación que lidera Xosé Manuel Carril ha solicitado hasta en cuatro ocasiones que se anulen, obteniendo en todas ellas el "no" por respuesta. El Bloque recuerda que, a ojos de Cuentas, esta revisión es "esencial" después de que el Tribunal indicase que "los acuerdos de la Junta de Gobierno local constituyen a juicio del instructor un elemento decisivo para despejar las hipotéticas responsabilidades contables".

E"Electoralismo", según Marea. La candidatura de la Marea Atlántica, en la que se integra la otra fuerza con representación en el Concello, Esquerda Unida, mantuvo una postura similar al BNG. Los de Xulio Ferreiro acusaron a Negreira de realizar un "lavado de cara electoralista destinado al fracaso", precisamente por negarse a revisar esos acuerdos que, entienden, son indispensables para dirimir responsabilidades contables. La Marea se compromete a revisar de oficio los acuerdos si llega al Gobierno municipal a partir de mayo.