La encuesta encargada por el Concello en 2005 se nutría de la alegalidad. No había ninguna ley que regulase cómo y quién debía hacer sondeos políticos fuera del periodo electoral. Cualquier partido, entonces, podría pagar con fondos públicos un sondeo para saber si los electores le volverían a votar. Especialistas consultados, además de criticar el vacío legal, opinaban que los resultados deberían ser publicados o transmitidos a la oposición.
