La relación que durante los últimos cuatro años han mantenido el Gobierno local del PP y el personal del Ayuntamiento no ha sido todo lo armónica que unos y otros hubieran deseado. Los recortes de la plantilla de trabajadores públicos, las demandas de los policías locales por ajustes salariales pendientes, la rigidez de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), la desaparición de ciertos permisos y derechos a funcionarios o el nombramiento de personal ajeno al Concello para cargos directivos mediante el sistema de libre designación fueron algunos detonantes de la tensión manifiesta entre el Ejecutivo de Carlos Negreira y los representantes sindicales municipales. El inminente desembarco de Marea Atlántica en el Ayuntamiento con un nuevo equipo de Gobierno abre la puerta de la incertidumbre entre los funcionarios -algo habitual cada vez que se produce un cambio drástico en la gestión municipal-, pero también la de la esperanza de que se defina "una auténtica política de personal", se reorganice la función pública y se "despoliticen" las designaciones de trabajadores.

Con reservas iniciales y con deseos de cambio acogen el futuro Gobierno de Marea el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento, Manuel Aceña, y el responsable de la CIG en el Concello, Roberto Tizón. "Venimos de una etapa malísima marcada por los recortes, ahora debería venir la etapa de la recuperación y del diálogo", resume Aceña. "En su programa defienden cosas con las que estamos de acuerdo los trabajadores, como la recuperación de concesiones o el mantenimiento del empleo público. El nuevo Gobierno municipal se encontrará con problemas de fácil solución y otros más complejos", prevé Tizón.

El próximo alcalde, Xulio Ferreiro, tendrá sobre su cargada mesa de trabajo tareas relacionadas con la actividad funcionarial que forman parte de sus medidas de Gobierno y que coinciden con las demandas del personal municipal. Tizón cree que son "relativamente fáciles de resolver" asuntos como paralizar la externalización de contratos públicos que están en fase de concurso o recuperar concesiones cuando termine su vigencia (ORA, grúa, limpieza de museos). Aceña alude a derechos colectivos perdidos estos años por trabajadores con antigüedad o a permisos vacacionales que han sido retirados, además de mejoras en el nivel de algunos empleados que se hicieron en otros concellos y no en A Coruña.

Más difícil de abordar parece la modificación de la RPT, que requiere, además de una precisa visión de la conformación de la plantilla municipal, un engorroso procedimiento técnico y constante documentación. Recientes reclamaciones a este respecto no fueron atendidas por el Gobierno local en funciones, lo que generó decepción entre los funcionarios.

El nombramiento de las jefaturas de servicio de libre designación desde el año pasado también generó tensiones entre el personal del Ayuntamiento por consolidar en cargos de dirección a trabajadores externos. Es una de las funciones que Aceña cree necesario resolver de inmediato, a pesar de su imposición por ley.

Los representantes de los funcionarios atribuyen los principales errores cometidos por el PP durante su mandato al desconocimiento de las necesidades del personal público y a la falta de definición de su política funcionarial. "Su mentalidad fue la de que el personal del Ayuntamiento era una carga antes que una herramienta", cree Aceña. Hubo otros puntos de conflicto por los que salieron perjudicados los empleados públicos.

"El Estado quiso reducir funcionarios y el Gobierno local quedó muy atado a la hora de convocar ofertas de empleo. Pero en estas circunstancias adversas no hubo esfuerzo por mejorar la situación y los límites impuestos por el Gobierno central se tomaron como una excusa para no hacer nada", opina Aceña. Tizón reitera que sin estructuración ni regulación en el servicio público "la gestión pierde su funcionamiento mecánico y se ve condicionada por decisiones políticas".