El nuevo Gobierno municipal coruñés analiza cómo convertir en realidad una de sus promesas. El Ayuntamiento informó, tres días después de la investidura como alcalde de Xulio Ferreiro, de que ha encargado a la asesoría jurídica un informe que evalúe el procedimiento para volver a hacer pública la gestión de la ORA, así como las consecuencias legales, laborales y económicas de tomar tal decisión, uno de los compromisos electorales de Marea Atlántica.
El nuevo regidor había anunciado para el día de ayer una reunión con los letrados del Ayuntamiento coruñés. Tras el encuentro, el Ejecutivo avanzó que el departamento de asesoría jurídica será el encargado de analizar la gestión directa del servicio desde el Palacio de María Pita y las fórmulas alternativas para materializarla.
En el aire, si renunciar al contrato se ajusta al derecho; los perjuicios económicos que puede causar; cómo y cuánto se prorrogaría el contrato a la actual concesionaria -Vendex, investigada por supuestos delitos de corrupción-; y las restricciones para contratar al personal (un centenar aproximadamente) de consumarse sus intenciones.
El contrato de la ORA sigue actualmente en trámite. El Ejecutivo popular encabezado por Carlos Negreira licitó el servicio y resolvió el concurso público, con Setex Aparki como mejor posicionada tras la valoración técnica y económica. Pero la adjudicación está pendiente de la formalización definitiva, que se paró por la llegada de las elecciones.
El encargo a la asesoría jurídica supone la apertura del proceso "hacia la posible recuperación de la gestión directa del servicio municipal", según informaron en la mañana de ayer en una nota de prensa. El Ayuntamiento ha solicitado al margen un examen sobre la grúa.
El equipo de Xulio Ferreiro aclara que cualquier decisión que se tome tendrá que pasar por el pleno de la Corporación municipal. Por lo tanto, el Partido Popular, el PSOE y el BNG tendrán que posicionarse sobre la desprivatización de la gestión. El grupo del PP optó ayer por no pronunciarse al respecto.
Los nuevos responsables del Concello quieren que se preste "atención especial al asunto de las limitaciones legales para la contratación de personal del mismo". El pliego de condiciones del concurso bloqueado establece la subrogación del personal que ya trabajaba para Vendex, una fórmula que no existe si la administración de la ORA se convierte en pública.
Setex ya estuvo al frente del servicio -que nació hace un cuarto de siglo sin gestión externalizada- hasta el año 2005, cuando Doal, filial de Vendex y empresa investigada en la operación Pokemon, se hizo con la macroconcesión, una de las más relevantes del Concello. Setex nació como una escisión de Vendex hace 17 años y ambas empresas llevan desde entonces enfrentándose en los tribunales.
Tras estallar la operación Pokemon, el Ejecutivo del Partido Popular renunció a la posibilidad de prórroga de dos años del contrato de Doal, aunque desvinculó dicha resolución política con la investigación judicial instruida desde los juzgados Lugo. El pasado año, el Concello licitó por separado los servicios de la grúa y la ORA, hasta el momento gestionados de forma conjunta.
El contrato que había diseñado el Gobierno de los socialistas en 2005 establecía que un porcentaje de los beneficios de grúa y ORA revirtiesen en las arcas municipales. Pero también garantizaba que, en caso de pérdidas, el Ayuntamiento cubriese las mismas. Desde 2008 el balance fue negativo y el erario tuvo que asumir hasta 3,7 millones de euros. La instructora de la Pokemon y Vigilancia Aduanera sospechan, a raíz de sus pesquisas, que Vendex podría haber falseado números para, supuestamente, conseguir que el Concello asumiese el déficit. El nuevo concurso eliminaba esta posibilidad.
"De ser viable", dicen desde el Gobierno local, "la municipalización obligaría a la renuncia del actual procedimiento de adjudicación y ordenar la prórroga forzosa temporal del presente contrato por el menor tiempo posible, tal y como prevé la legislación de aplicación". Para el nuevo Ejecutivo de Marea Atlántica, además de "beneficios económicos", hacer públicos servicios externalizados como este puede suponer "una vacuna contra muchos de los casos de supuesta corrupción que ha sufrido la gestión municipal en los últimos años".
Los grupos de PSOE y BNG
Tras el anuncio del Gobierno municipal, el grupo del PSOE, cuyos votos necesita Marea Atlántica para que salgan adelante las decisiones que tienen que pasar por pleno, expresan algunas dudas sobre la municipalización del servicio, cuya externalización fue obra del Gobierno vazquista. Su propuesta es que se analice una gestión a través de una empresa "pública o mixta", que tenga "el absoluto control sobre la ORA y garantice los derechos laborales de la plantilla pero que también logre la mejor movilidad en la ciudad".
Su portavoz, Mar Barcón, lamenta la "incertidumbre de la plantilla y sus familias" y cree que el contrato, tal y como confeccionó el Partido Popular, podría ser un "arma de doble filo" que "soporten los trabajadores" si la empresa no quiere "reducir beneficios". La edil recuerda que, antes de las elecciones del 24 de mayo, había insistido "en no dejar pasar la oportunidad de prorrogar unos meses el contrato" de Vendex para "estudiar otras fórmulas y que la decisión fuese de la nueva Corporación".
El BNG destaca la importancia de estudiar "el impacto laboral que este proceso vaya a tener sobre unos servicios que cuentan aproximadamente con un centenar de trabajadores". Para el grupo municipal nacionalista, el informe no solo debe incidir sobre las consecuencias económicas o jurídicas, "sino también las consecuencias y alternativas para las personas que trabajan tanto en la grúa como en la ORA".
