La responsable de, al menos, cuatro casas de citas -dos situadas en A Coruña, una en Arteixo; y otra, en Oleiros- aceptó ser condenada a un año de cárcel y a pagar una multa de 1.080 euros. La procesada, que evitará ingresar en prisión, reconoció que las condiciones en las que trabajaban las chicas "atentaban contra sus derechos como trabajadoras e, incluso, a derechos inherentes a las personas". El titular del Juzgado de lo Penal número 1 tuvo en cuenta la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, ya que el proceso judicial se retrasó por causas ajenas a los tres condenados, lo que evitó penas mayores.

Las mujeres, según consta en la sentencia, eran obligadas a trabajar 24 horas al día "con algún breve descanso", sin tener horarios "para beber o cenar", ya que siempre debía primar "la atención a los clientes".

Los pisos que regentaba la imputada estaban en "muy malas condiciones de habitabilidad" y las jóvenes debían dormir hacinadas en la misma habitación. Además, compartían baño con los clientes. Del dinero que ingresaban debían entregar el 50% a la condenada, que fue detenida por la policía el 2 de junio de 2010. En esa fecha, según constataron los agentes, dirigía cuatro pisos. Los de A Coruña estaban situados en la calle Rodrigo A. de Santiago y en la ronda de Outeiro. La sentenciada contrató, al menos, a dos personas que ejercían de encargados en algunos de los inmuebles. Sus funciones eran atender el teléfono, recibir a los clientes y cobrarles por las relaciones sexuales que mantenían con las chicas, así como "vigilar y controlar" a las jóvenes para que cumpliesen los horarios. La responsable de las viviendas acudía todos los días a ellas para recaudar el dinero y repartir con los encargados parte de las ganancias.

Dos de los hombres que trabajaban en las casas también fueron condenados a un año de cárcel y a pagar una multa de 1.080 euros. Además, entre los tres sentenciados deberán abonar 4.000 euros a cada una de las tres chicas que reclamó la indemnización que pudiera corresponderle. Cinco de las mujeres que fueron identificadas por la policía como víctimas, la mayoría de nacionalidad extranjera, renunciaron a ser indemnizadas. El magistrado de Penal número 1 destaca en la sentencia que fueron "muchas" las mujeres que trabajaron para los arrestados, si bien los agentes solo pudieron identificar a ocho. Casi todas se encontraba en situación irregular en España, ya que carecían de permiso de residencia.

Una de las afectadas que solicitó ser indemnizada por los daños que le causaron fue una joven a la que obligaron a mantener relaciones sexuales incluso cuando estaba embarazada de cinco meses. Uno de los condenados reconoció ante el juez que, a pesar de que era consciente del estado de gestación de la víctima, le insistía "reiteradamente" para que atendiese a los clientes. En una ocasión que se negó, llegó a levantarle la mano "simulando golpearla".

"En todos los casos, las personas mencionadas buscaban prestar sus servicios para los acusados debido a su precaria situación económica, circunstancia aprovechada por los acusados para la imposición de las mencionadas condiciones de trabajo", relata el magistrado.