La Policía Judicial entraba en junio de 2012 en la empresa Azetanet del empresario coruñés Gerardo Crespo en el inicio de una investigación por fraude en cursos de formación de la Xunta que aún se instruye hoy en día y que desembocó en su imputación en la denominada operación Zeta. Meses después de desvelarse esta investigación, Gerardo Crespo aún seguía presentándose a contratos de la Consellería de Traballo. Concurrió en diciembre de 2012, a través de una de sus muchas empresas, Gecrecri, a una licitación de 188.852 euros para cursos de hostelería y turismo en unión a la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería de Pontevedra y resultó ser la oferta más ventajosa. Ya tenía casi adjudicado el contrato pero por ahorrar en una pequeña cantidad, el depósito definitivo, lo perdió.

Crespo entonces decidió presentar recursos y después un contencioso que ahora acaba de resolver el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG): en sentencia firme le da la razón a la Consellería de Traballo que le anuló la adjudicación y le impone además 1.500 euros de costas. Gecreri se había presentado en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la federación de hosteleros pontevedresa y se impuso a cinco competidores en puntuación. Ya tenía el contrato. Las empresas aspirantes tenían que depositar como garantía provisional el 1,5% del importe de la licitación, 2.832 euros en total, y si una resultaba adjudicataria tenía que depositar luego la garantía definitiva: 8.026 euros, según el pliego de condiciones. Gecreri depositó la primera garantía pero días después pidió a la Xunta cancelarla y sustituirla por un seguro de caución con validez de 60 días.

La mesa de contratación aceptó el cambio y le devolvieron el dinero "entrega en mano" a un representante de la empresa. El 4 de enero de 2013 la mesa de contratación acordó que la UTE de Gecreri era la mejor oferta y le pidió documentación para hacer ya la adjudicación así como el justificante de haber pagado la garantía definitiva. Le da diez días, hasta el 22 marzo, para hacerlo.

Este último día de plazo entró por registro en la Xunta un escrito de Gecreri con la documentación pedida pero no depositó la garantía definitiva, 8.026 euros, sino que pidió que se le descontase de esta cantidad el dinero del aval provisional (los 2.832 euros) que había puesto ya y que aún no le habían devuelto. Y el resto, 5.193 euros, que se le retuviese del precio de la licitación.

La Consellería de Traballo entendió no obstante que Gecreri incumplió la Ley de Contratos porque no presentó la garantía en el plazo establecido y además el seguro de caución que había realizado como garantía provisional ya había caducado cuando presentó la documentación. Por eso la Xunta da por retirada su oferta por no presentar el 5% de la garantía definitiva y ante este incumplimiento adjudica el contrato a la segunda mejor oferta.